Un 85,8 por ciento de personas en España cuenta con la pauta completa en el marco de la Estrategia nacional de Vacunación frente a la COVID-19, pero solo un 55,6 por ciento de la población total tiene dosis de recuerdo, tal y como se extrae de los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad. Y, según el INE, España tenía a fecha de julio de 2022 un total de 47.615.034 personas.
Estas cifras contrastan con las casi 300 millones de dosis compradas por el Gobierno. En concreto, nuestro país ha adquirido alrededor de 177,6 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, 52 millones de la vacuna de Moderna, 31 millones de la vacuna de AstraZeneca, 20 millones de la vacuna de Janssen, 2,2 millones de la vacuna de Novavax y 496.000 dosis de la vacuna de Sanofi (esta última aún no está disponible).
Partiendo de esta premisa, ¿qué ocurre con las dosis sobrantes? La respuesta es que muchas de ellas acaban caducadas si no se han podido administrar a tiempo. De hecho, desde el 27 de diciembre de 2020 hasta el 14 de noviembre de 2022 ya han caducado 13.870.197 vacunas COVID-19, según ha publicado el diario digital ‘The Objective’. Y, como cualquier otro medicamento caducado, es preciso que dichas dosis se destruyan. Algo que tiene consecuencias económicas, pues calculan que el gasto de estas dosis desechadas superara los 218 millones de euros.
¿Qué medidas debería tomar el Gobierno?
A raíz de esta información, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a través de Guillermo Díaz, ha presentado varias preguntas con solicitud de respuesta escrita sobre estas dosis de vacunas COVID-19 caducadas que están en manos del Ministerio de Sanidad.
Ciudadanos ha puesto de manifiesto que otras tres millones de dosis estarían también próximas a expirar “sin haberse inoculado en España y sin haberse donado a países en desarrollo cuyo acceso a vacunas es más limitado”. Por ello, desde C’s preguntan al Gobierno por las medidas de urgencia que va a introducir para que esto no vuelva a repetirse y por las actuaciones que piensa llevar a cabo el Ministerio de Sanidad, en coordinación con las comunidades, para “asegurar que todas las dosis actualmente en posesión de las administraciones y las que se adquieran en el futuro se gestionan de la forma más eficiente posible“.
Guillermo Díaz recuerda que desde su partido se propuso en repetidas ocasiones llevar a cabo campañas de concienciación e información veraz sobre la idoneidad de inocular dosis de refuerzo, especialmente entre personas vulnerables. Además, también plantearon la necesidad de reforzar el mecanismo COVAX para donaciones de dosis a países en desarrollo y consiguieron que se aprobara una proposición no de ley en este sentido en los primeros meses de la pandemia. “Pese a ello, el Gobierno ha acabado desperdiciando los recursos de todos los españoles y dosis que podrían salvar vidas en todo el mundo”, ha afirmado el diputado.
En este sentido, C’s lanza otra pregunta: “¿Por qué se negó el Gobierno a donar estas dosis que no estaban siendo administradas por las comunidades autónomas ni por el Gobierno central al mecanismo COVAX o de forma bilateral a países en los que opera la cooperación española?”. La formación naranja considera que se trata de una demostración de “la incapacidad del Gobierno para gestionar de forma adecuada la política sanitaria del país”.
