El genérico ha frenado su crecimiento en los dos últimos años y ha perdido cuota de mercado en unidades dispensadas. Estos datos se suceden desde la entrada en vigor de una de las famosas —por entonces— enmiendas sanitarias que se incluyeron en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2016: el fin de la discriminación positiva. La coincidencia no es casual para varios eslabones de la cadena del medicamento, si no más bien lo contrario, por lo que se recomienda la vuelta atrás. Junto a esta lectura, la industria del genérico, principal paciente de esta situación, cree que la medida más relevante que se puede adoptar para volver a recuperar el ritmo de crecimiento anterior a 2015 es recuperar el diferencial de precio (por un periodo de, al menos, seis meses) entre el fármaco de marca y el genérico. Y entre ambas opiniones se encuentra un Ministerio de Sanidad que aún no concreta qué medida(s) va a adoptar pero es consciente de que se tiene que apostar por el EFG.
Este es el horizonte que se dibujó la semana pasada en el Senado durante la celebración de los 20 años del medicamento genérico en España. La patronal del genérico, Aeseg, consiguió acaparar la atención de todo el sector y la Cámara Alta pudo contar con la visión de todos y cada uno de los agentes del sector. La primera piedra la lanzó la directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Encarnación Cruz, quien ya en el mes de septiembre del año pasado avanzó que los genéricos (junto a los biosimilares) serían el eje de sus reformas en política farmacéutica. “En los últimos años hemos comprobado que el ritmo de crecimiento del genérico está decayendo y, por tanto, es objetivo de la Administración potenciarlos. Tenemos que trabajar para identificar qué medidas consiguen mejor establecer un nuevo marco para que se desarrollen nuevos medicamentos genéricos”, aseguró.
Cruz, que tiene pasado en la administración autonómica, es una buena conocedora de la teoría de los vasos comunicantes. Es necesario disponer de un marco adecuado que incentive a la industria del genérico para que los ahorros que ello posibilita puedan invertirse en el aluvión de terapias innovadoras que ya están llamando a las puertas del Sistema Nacional de Salud (SNS). Además, para responder con cierto margen de maniobra al reto de la cronicidad en un país de pirámide poblacional invertida, el uso de medicamentos genéricos es básico para no desbocar el capítulo de gasto farmacéutico.
A pesar de no avanzar qué medidas concretas se van a desarrollar en los próximos meses, Cruz sí animó a la industria del genérico a suscribir un protocolo de sostenibilidad. Un convenio que el presidente de Aeseg, Raúl Díaz-Varela, considera que no debe estar basado en techos de gasto como el de Farmaindustria porque su sector “no genera gastos adicionales al sistema”. Sin embargo, la directora general de Farmacia sí que les pidió que en este futurible pacto sí se comprometiesen a actuaciones en favor de la seguridad del paciente como “una mejor identificación del cartonaje”.
El Ministerio de Sanidad volvió a ofrecer un pacto con el sector pero pidió que mejoren la bioapariencia
El compromiso que va a mostrar Sanidad con el sector del genérico también quedó patente tras escuchar a la directora de la Agencia Española del Medicamento, Belén Crespo. Además de resaltar todo el valor aportado por el genérico al Sistema Nacional de Salud en términos de sostenibilidad y democratización del acceso, Crespo también señaló que la Administración debe buscar “medidas que relancen al sector”.
Desde Aeseg también se solicita, junto al diferencial de precio, avanzar en la Prescripción por Principio Activo como una herramienta de control del gasto. Es una realidad la variabilidad existente entre comunidades autónomas a la hora de usar la PPA aunque, sin embargo, territorios como el País Vasco no consideran que sea la única política a aplicar. “En los dos últimos años se ha bajado el consumo a pesar de haber subido la PPA en nuestra comunidad”, aseveró el director de Farmacia del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Iñaki Betolaza.
Las demandas de Aeseg también tuvieron respuesta por parte de diputados y senadores. El portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta, Antonio Alarcó, vinculó el futuro del genérico y del sistema en general, a alcanzar un pacto por la sanidad. “Tenemos una debilidad que es la sostenibilidad de nuestro SNS y el genérico tiene ahí un papel importante pero nada tendrá futuro si no alcanzamos un pacto por la sanidad. No nos lo perdonarán los ciudadanos si no lo conseguimos”, dijo.
Su homólogo socialista, José Martínez Olmos, fue un poco más concreto que su adversario político y reconoció que habrá problemas graves si no se consigue hacer atractivo el entorno industrial para que se siga invirtiendo en el desarrollo de medicamentos genéricos. Por ello, Martínez Olmos propuso “una estrategia nacional y una revisión de las políticas emprendidas por el gobierno en la última legislatura” en referencia a la eliminación de la discriminación positiva. Esta misma tesis la comparte el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar. “Tras las medidas adoptadas a finales de 2015 el mercado de genéricos ha mermado. Los farmacéuticos ya advertimos que aquellos cambios legislativos no iban a funcional y en dos años se ha bajado un dos por ciento”, dijo.
La tesis de la discriminación positiva también ocupó parte del discurso ofrecido por el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Francisco Igea. “Nosotros somos partidarios de tomar decisiones en base a la eficiencia y si algo no ha funcionado se revierte. No podemos estar de acuerdo, por principios, en obligar al diferencial de precios pero sí podemos compartir recuperar la discriminación positiva en favor del genérico a igualdad de precios”, afirmó.
Aeseg defiende que la mejor medida para volver a impulsar el mercado de genéricos es el diferencial de precios
La senadora del grupo vasco, Nerea Ahedo, introdujo otro elemento en el debate en torno a los genéricos que no debería olvidarse: no contorsionar en exceso la capacidad de ahorro inherente de los genéricos hasta hacerlo inviable. “El reto que tenemos por delante es que siga habiendo genéricos en el mercado y no podemos pretender que todo sea tan barato como para que no sea rentable”, dijo. De hecho, estas palabras entroncan con una filosofía que mermó la confianza en el genérico hace varios años: lo gratis gusta y de lo barato se desconfía. Así lo reconoció el presidente de la Alianza General de Pacientes, Antonio Bernal, quien además señaló que las actuales reticencias están más asociadas con la obligatoriedad. “El rechazo que puede existir ahora es por la imposición”, dijo.
Las subastas sobrevuelan el Senado
Allá por el año en el que los genéricos aparecieron en el panorama farmacéutico español se comenzó a comercializar un juego de mesa llamado Tabú. Veinte años después y en el Senado se asistió a una de las partidas más interesantes. Desde casi el comienzo de la jornada hubo llamadas veladas a las subastas de medicamentos de Andalucía pero nadie se atrevía a pronunciar su nombre. Defensa de la unidad de mercado, aventuras legislativas autonómicas, medidas coyunturales…y así durante buena parte del tiempo hasta que Martínez Olmos e Igea perdieron la partida tras un rifirrafe político. En un principio, el socialista consiguió mantenerse en el juego al hablar de las políticas andaluzas como ejemplo de gestión pero Igea le recordó que su partido no está dispuesto a defender ningún proyecto que incluya “subastas” ni autonómicas ni a escala nacional porque, primero, son defensores de la unidad de mercado, y segundo no creen que aporten resultados en salud mejores a los existentes.
Martínez Olmos sacó entonces a relucir los autos del Tribunal Constitucional donde se avala el sistema de adquisición andaluz y aseveró que no rompe ninguna unidad porque los principios activos a los que tienen acceso los ciudadanos andaluces son los mismos que en el resto de España y la calidad de los medicamentos está contrastada por la Agencia Española del Medicamento. “La constitucionalidad no tiene nada que ver con la eficiencia. Existen instituciones muy constitucionales e ineficientes como son las diputaciones”, respondió Igea.
