El pasado 23 de enero de 2023, el presidente de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Sanidad regional, Sira Repollés, presentaban la ‘Iniciativa Aragonesa para la Sostenibilidad y la Eficiencia del Sistema Nacional de Salud (SNS)’, mediante la que pedían, entre otras cuestiones, un Pacto por la Sanidad. Ahora, Aragón ha publicado en su Portal de Transparencia el documento completo, a fecha de marzo de 2023, para elevar el debate a nivel nacional, en concreto, a órganos clave como la Conferencia de Presidentes y el Consejo Interterritorial (CISNS).
El Gobierno regional recalca en su iniciativa publicada que, a pesar de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) se sitúa como un referente mundial, el análisis de las insuficiencias del sistema “no se ha traducido en un debate de política sanitaria continuado y con frutos concretos”. Por ello, Aragón ve necesario “un debate nacional que se traduzca en compromisos políticos de largo recorrido y para el conjunto del Estado”.
En general, el Ejecutivo regional insta a la Conferencia de Presidentes a tratar con “cierta urgencia” cuatro pilares que considera fundamentales para el SNS:
- Un nuevo pacto de financiación autonómica de salud.
- La introducción y la retirada de las prestaciones del sistema.
- Mejorar la atención a la dependencia en las personas de alta necesidad sanitaria y social.
- Una planificación de profesiones sanitarias y sociosanitarias que atienda a las necesidades de la población.
Prestaciones del SNS
En el capítulo que aborda la financiación autonómica se plantean algunas propuestas que incluyen: acordar los determinantes de gasto que reflejarían mejor las necesidades de gasto sanitario “a la luz de los shocks de las pasada décadas”; una financiación ajustada a factores como la despoblación o el envejecimiento de la población; o un mecanismo de garantía para “equilibrar eventuales diferencias” entre el crecimiento de gasto sanitario y el de PIB nominal.
En referencia a las prestaciones, el documento aragonés destaca la importancia que ha tenido la creación de la red de evaluación de tecnologías sanitarias o la incorporación de los informes de posicionamiento terapéutico (IPTs) como “parte esencial” del trabajo de la Agencia Española del Medicamento (Aemps). Sin embargo, quedan cuestiones “pendientes” para que la decisión de política sanitaria sobre la incorporación o el decaimiento de prestaciones sea un “instrumento real” para mantener la equidad y la eficiencia del SNS.
En este sentido, Aragón apuesta por debatir la necesidad de crear una agencia estatal para la evaluación de las prestaciones sanitarias, similar al NICE británico, en la que se acuerde qué nuevos servicios debería considerarse, a quién se les debería prestar y cómo deberían financiarse.
Asimismo, pone sobre la mesa la necesidad de que los informes de evaluación de tecnologías “deberían vincular la decisión de incorporación o de desinversión de las prestaciones sanitarias financiadas con fondos públicos”. Y, como parte de este trabajo, la comunidad pide la “adopción íntegra” de las recomendaciones del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS (CAPF) sobre la regulación y fijación del precio de los nuevos medicamentos, y de su financiación pública.
