En 2017 se produjeron en España alrededor de 330.000 fracturas por fragilidad, con un coste sanitario de 4.200 millones de euros. Según las previsiones, este coste crecerá más de un 30 por ciento en el 2030, hasta llegar a los 5.500 millones de euros. A pesar de las cargas clínicas, sociales y económicas asociadas y de la existencia de tratamientos preventivos eficaces y alternativas de atención clínica especificas, el 68 por ciento de las mujeres y el 60 por ciento de los hombres fracturados no reciben asistencia adecuada. La prevención se ha descuidado durante mucho tiempo y no ha estado presente en las agendas políticas. Acabar con esta realidad es el objetivo del Manifiesto por la prevención de las fracturas óseas, elaborado por la Alianza General de Pacientes (AGP) y suscrito ya por más de 25 organizaciones —asociaciones de pacientes, sociedades científicas y profesionales del ámbito sanitario y sindical—, que reivindica los ocho puntos en los que enfocarse para mejorar el contexto actual.
La sede de la Organización Médica Colegial ha acogido la presentación del manifiesto, moderado por Jorge Hinojosa, gerente de la AGP, y que ha contado con la intervención de Jesús María Fernández, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados; María Antonia Robles, presidenta de la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis (Aecosar); María Jesús Moro-Álvarez, vicepresidenta de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral (Seiomm), y Juan Gómez Reino, presidente de la Sociedad Española de Reumatología (SER).
Los firmantes reconocen la necesidad “imperiosa” de reconocer este problema como una prioridad de salud pública, establecer estrategias de prevención de las fracturas secundarias y permitir a la sociedad disponer de acciones que permitan un envejecimiento saludable. La aplicación de nuevas medidas preventivas y de diagnóstico clínico precoz podría ahorrar costes y evitar cerca de 700.000 fracturas. Además de incluir la prevención de las fracturas óseas por fragilidad en los planes de salud, el manifiesto aboga por implementar guías de práctica clínica para realizar un seguimiento adecuado de los pacientes tras una primera fractura y el establecimiento de un código de Fractura protocolizado de diagnóstico consensuado a nivel nacional, para una correcta detección y establecimiento de un tratamiento preventivo así como su implantación a nivel de atención primaria y hospitales, tal y como se dispone con otras patologías como el ictus.
Un problema que irá a más
Cada 3 segundos se produce una fractura por fragilidad ósea en el mundo y el riesgo de sufrirla aumenta en pacientes con una fractura previa entre 2 y 5 veces. Además desencadena una espiral de dependencia sanitaria y una clara disminución de la calidad de vida. Lamentablemente, la carga económica y el número de fracturas por fragilidad están aumentando, sin embargo las medidas que se están implementando para evitarlas, como serían las estrategias de prevención o de gestión sanitaria y de tratamiento, no han aumentado al mismo ritmo. Se trata de un problema de salud pública creciente que afecta actualmente a una de cada tres mujeres y a uno de cada cinco hombres en España y se prevé un aumento de los casos, debido a su relación directa con el envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida.
Durante la presentación del manifiesto, Jorge Hinojosa planteó que el escenario actual demanda que el diálogo entre todas las partes es clave en la solución de los problemas sanitarios. “Este manifiesto es una muestra de ello. Esperamos que la administración sea uno más en el trabajo por la prevención y tratamiento de las fracturas óseas”, ha señalado el gerente de la AGP.
Los expertos resaltan la gravedad que se deriva del hecho de no contar, a día de hoy, con los procedimientos adecuados de prevención, diagnóstico, valoración, intervención y seguimiento de los pacientes. “La prevención primaria es fundamental; no queremos llegar a la experiencia de la fractura. Preferimos un diagnóstico precoz y la responsabilidad del propio paciente, apoyado por los recursos sociosanitarios necesarios y el acompañamiento de Aecosar, que a pesar de las grandes dificultades que ello entraña, está a su lado para informarle y orientarle hacia una mejor calidad de vida además de representarle en las demandas ante la Administración y los organismos responsables en la promoción de su salud”, señaló María Antonio Robles.
Según las previsiones, el coste asociado a las fracturas óseas crecerá más de un 30 por ciento, hasta llegar a los 5.500 millones de euros en 2030.
Otra medida a implementar es asegurar la actuación coordinada entre los médicos especialistas, de atención primaria, enfermería y farmacia comunitaria para facilitar la valoración y el tratamiento de los pacientes con fracturas por fragilidad ósea. Por ello la creación de unidades de coordinación de fractura o es otra de las demandas para las entidades firmantes. Estas unidades funcionan como una “ventanilla única” y multidisciplinar donde se identifica, trata y apoya a los pacientes con fracturas osteoporóticas”, explicó la vicepresidenta de la Seiomm, quien también recordó que cada vez más hospitales se suman al registro de fracturas, “que tiene el doble objetivo de obtener datos epidemiológicos de las fracturas por fragilidad que se producen en España y, de forma prospectiva, tratar de mejorar el manejo de dichas fracturas”.
Por su parte, el presidente de la SER insistió en que esta patología se debería convertir en una “prioridad en salud pública”, ya que, apuntó las fracturas no sólo tienen un gran impacto en la capacidad funcional del individuo, sino que también son responsables de un elevado consumo de recursos sanitarios. En este sentido, el manifiesto de la AGP también destaca como “vital” el fomento de la información y la adherencia de los pacientes al tratamiento, así como la necesidad de disponer de datos objetivos y científicos.
