Uno de los proyectos de ley que pretende transformar el modelo sanitario nacional llega al Congreso de los Diputados con muchas dudas. La conocida como Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), tras ser aprobada hasta dos veces por Consejo de Ministros, inicia su discusión en la cámara con unos prolegómenos que avanzar poco consenso para conseguir el apoyo de la mayoría del arco parlamentario.
Los distintos actores políticos con representación han ido avanzando su disconformidad con una norma que pretende introducir novedades que afectar a otras matriciales de la sanidad. El mes de junio fue una buena prueba de ello, cuando la Comisión de Sanidad anticipó un escenario de diferencia en el seno del Ejecutivo.
Ya entonces se avanzaron las diferencias sobre los términos de la derogación de la Ley 15/1997, donde se adivinaron discrepancias entre la coalición PSOE-Podemos.
Ahora, el proyecto de Ley de Equidad se enfrente a hasta cuatro enmiendas a la totalidad —VOX, PDeCAT, Junts y Ciudadanos— que piden la devolución al Gobierno de la iniciativa. Entre ellos, partidos nacionalistas que sostuvieron la investidura de Pedro Sánchez y que han facilitado el respaldo de buena parte de las iniciativas aprobadas desde finales de 2019.
A ello se suma la postura frontal que mantiene la formación morada, lo cual complica el futuro de la norma en los términos en los que se defiende este jueves. Por ello, GACETA MÉDICA recopila las enmiendas presentadas por los distintos grupos y analiza cuáles son las principales brechas existentes.
Unidas Podemos
El partido que completa Gobierno junto con la rama socialista que vehicula Sanidad habla de la norma como ‘Ley Darias’. Según recuerdan, se afirmó que esta venía a derogar la citada ley del Partido Popular. “Sin embargo, esto solamente es cierto en el plano formal —toda ley que modifica una ley anterior la deroga parcialmente—. En el plano material, por el contrario, todo queda como está”, apuntan.
Podemos aprecia así que el texto actual establece que solamente se podrán externalizar servicios en situaciones excepcionales, “pero la definición concreta de excepcionalidad permite que cualquier CC. AA. pueda seguir privatizando el sistema con la misma libertad que la que tiene en estos momentos”.
El voto en contra de UP a las enmiendas a la totalidad no está garantizado de no alcanzarse acuerdo
Así, el grupo parlamentario confederal ha preparado una serie de enmiendas para establecer límites reales y no solamente retóricos a la privatización, las cuales han sido remitidas también al PSOE para que las pueda estudiar. Precisamente, han comunicado a su socio de coalición que “su voto en contra a las enmiendas a la totalidad no está garantizado si no se alcanza algún tipo de acuerdo previo a la votación sobre la modificación del texto legal durante el trámite parlamentario”.
PDeCAT y Junts
Los partidos nacionalistas de Cataluña aproximan una visión cuasi idéntica en sus correspondientes enmiendas a la totalidad. Por una parte, aducen que los diversos artículos y disposiciones de la norma presentada no respetan las competencias autonómicas. En este sentido, tanto PDeCAT como Junts esgrimen que el proyecto se contempla con un espíritu homogeneizador y recentralizador.
El primer grupo habla así de “involución” del “modelo descentralizado del Estado de las autonomías”, lo que supone una “invasión de competencias que afecta de lleno a la identidad del modelo catalán”. Además, argumentan que la propuesta normativa se basa en la “falsa premisa de que la concertación es privatización”.
La invasión competencial, un aspecto diferenciador para los partidos nacionalistas catalanes
Por su parte, el segundo grupo hace afirmaciones muy similares, defendiendo que la organización de la atención sanitaria actual “es la mayor garantía para asegurar el bienestar de los ciudadanos”; también que “cualquier fórmula de colaboración público-privada debe entenderse posible dentro de las herramientas públicas que garantizar la provisión de los servicios sanitarios”.
Ciudadanos
La formación naranja pide también la devolución de la iniciativa mediante enmienda a la totalidad. En su opinión, “pese a contener algunos aspectos muy positivos para la salud de los españoles, lo cierto es que el proyecto de ley está muy lejos de ser la solución que requiere nuestro sistema sanitario”.
Así, en un primer plano, C’s aprecia que el proyecto de ley no mejora la situación de los profesionales puesto que no aborda su realidad y “perpetúa las condiciones en las que deben desarrollarse profesionales”. Además, para el partido el texto tampoco pone solución a la inclusión de la Tarjeta Sanitaria Única prometida en los PGE 2021 vía enmienda naranja.
“Irresponsable criminalización” de la colaboración público-privada para C’s
En última instancia, el partido recuerda que el Gobierno ha admitido que la norma aspira a “cercenar” la colaboración público-privada en el SNS. “Se obliga a que la gestión pública directa sea el único modelo permitido”, precisan. En este sentido, para Ciudadanos se “da la espalda” a la evidencia empírica sobre la eficiencia de este tipo de colaboración como la forma más coste-eficiente de llegar donde el sector público no lo hace.
Por ello, concluyen, “se antoja irresponsable la criminalización” de este modelo, tal y como plantea “de forma dolorosa” la Ley de Equidad.
VOX
También VOX busca el reinicio de cero de la iniciativa del Gobierno. Para ello, detalla hasta en siete puntos donde la norma ofrece, en su opinión, flaquezas suficientes como para sostener esta posición. Entre ellas, acusa al proyecto de venir “contaminado de estatalismo” al prohibir de facto la colaboración público-privada de los servicios y prestaciones sanitarias, contraviniendo principios las leyes 14/1986 y 16/2003.
A este respecto, entre otros, aluden a que la Ley General de Sanidad establece que se adecuará la organización y funcionamiento de los citados servicios a los principios de eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. “Estos principios no pueden ser atribuidos a los efectos de una forma de gestión concreta”, subrayan.
Según VOX, prescindir del sector privado haría peligrar la sostenibilidad del sistema sanitario
En esta defensa señalan que la fuerte integración entre la sanidad pública y privada, lo que repercute en la “optimización de los recursos públicos”. Así, apuntan que prescindir de los agentes privados supone “asumir una cantidad enorme de recursos por parte de la Administración Pública, lo que perjudicará la sostenibilidad del sistema”.
El resto de los puntos tachan al texto de contradictorio, con falta de sustento empírico y económico, inoportuno y de inseguro jurídicamente; también, apuntan, se plantea desde una “falsa equidad y universalidad”.
Partido Popular
A falta de la publicación de sus propuestas de mejora del texto (vía enmiendas parciales), el Grupo Popular no presentará una enmienda de totalidad a la Ley de Equidad. Sin embargo, la postura conocida del partido líder de la oposición plantea también sus dudas con respecto al veto a la colaboración público-privada. De hecho, tras la publicación del proyecto de norma, ya mostraron su rechazo a los términos en lo que fue redactada a este respecto.
Durante la Comisión de Sanidad del Congreso del pasado julio, por ejemplo, se han mostraron críticos con las “desavenencias” traídas a la cámara desde el Consejo de Ministros. Así, durante su turno de la palabra en la sesión, el diputado popular, Gabriel Elorriaga, acusó a la formación morada de “traer prejuicios que carecen de cualquier fundamento en dato o evidencia alguna”.
Para ello se refirió al dictamen emitido por urgencia por el Consejo Económico y Social, el cual indica que “tras más de 25 años, se carece hasta ahora de un sistema de evaluación de resultados en salud de las distintas fórmulas de gestión, sean públicas directas como público-privadas”.
