Con motivo de la consulta pública de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha hecho llegar sus consideración al respecto de la reformulación de la norma refundida en 2015. Esta actualización ha sido saludada por la organización, que aprecia que en esta “ha de prevalecer la dimensión social, para hacer que la prestación farmacéutica sea más cohesiva, equitativa e inclusiva”. Dentro del documento remitido al Ministerio de Sanidad, la entidad propone que se regule la admisión de la dispensación a domicilio de medicamentos y productos sanitarios por parte de las oficinas de farmacia, “sin coste añadido, al menos para los grupos sociales vulnerables”.
Tal y como apoya en este apartado CERMI, “esta aceptación legal de la dispensación a domicilio debe venir establecida con todas las garantías y cautelas para que la seguridad farmacéutica no se vea comprometida ni resentida en ninguna medida”.
Asimismo, la entidad plantea que la nueva Ley refuerce sustancialmente los aspectos relativos a I+D+i en el ámbito de los medicamentos y la farmacia, como por ejemplo los medicamentos huérfanos. A este respecto, defienden la creación de un Fondo Estatal para Investigación Farmacéutica “que se nutra con el 3 por 100 del gasto total anual del SNS en prestación farmacéutica”.
Entre otras aportaciones, se aboga por establecer “de modo explícito y exigente” que las oficinas de farmacia reúnan “las debidas condiciones de accesibilidad universal, según la legislación sectorial aplicable, siendo este requisito condición necesaria para la autorización de funcionamiento de la actividad sanitaria”. Estas obligaciones de accesibilidad habrían de extenderse más allá de lo físico, con entornos virtuales como “páginas de internet, aplicaciones para dispositivos móviles o canales de comunicación, consulta, consejo o interacción con los usuarios”, argumentan.
Copagos y dimensión farmacéutica social
Entre otros de los puntos abordados por la misiva de CERMI, se apuesta no solo por mantener la exención o minoración de la aportación del usuario en la adquisición de medicamentos y productos sanitarios, sino que por “ampliarlos todo lo posible, otorgando consideración preferencial a la discapacidad, en cuantía y universo exento o minorado”.
Del mismo modo, consideran que la nueva Ley de Garantías tendría que establecer “una función social de la profesión farmacéutica desplegada a través de los correspondientes colegios corporativos“. Según la entidad, estos deberían contar en todos sus niveles con un foro y con un servicio de “farmacia social”, encargado de promover relaciones e interacciones con los sectores cívicos más interesados por la prestación farmacéutica.
“Se trata de que la profesión farmacéutica genere el mayor impacto social positivo a través de sus órganos corporativos en alianza con la sociedad civil”, señalan, un punto alineado con el objetivo número 17 de los ODS.
