La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha tomado conciencia colectiva sobre la necesidad de crear un órgano de evaluación que actúe de forma protocolizada y con transparencia. El germen de este debate lo ha introducido la comparecencia de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) en sede parlamentaria, quien trasladó las conclusiones y recomendaciones de su informe publicado el pasado mes de noviembre.
Tras una primera exposición en la que Rosana Peiró, coautora del informe, y José Ramón Repullo, jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad, trasladaron a los grupos políticos que el mayor déficit del Sistema Sanitario es la falta de equidad, ambos expertos comenzaron a verter las recomendaciones que el poder político debe asumir. “La estrategia de mejora pasa por una mayor gobernanza y transparencia, que se traduce en un marco financiero estable, potenciación de los instrumentos de gestión, disponibilidad de los datos sobre la acción política y sus resultados así como fomentar la competencia”, resumió Peiró.
Tras esta receta, los portavoces comenzaron a tener una imagen en la mente que fue verbalizada tanto por el portavoz del grupo socialista, Jesús María Fernández, como por su homólogo de Ciudadanos, Francisco Igea. “Entonces, ¿qué nos hace falta para funcionar como lo haría el NICE británico?”, preguntó el primero a los comparecientes. Mientras la pregunta resonaba en la Comisión de Sanidad, tanto la diputada Popular, Marta González, como la de Podemos, Rita Bosaho, se sumaron a la cuestión. “Hay que dotar de independencia y transparencia a la agencia de evaluación”, dijo la segunda. El compareciente de Sespas, Repullo, utilizó su turno de réplica para hacer ver a los diputados la lejanía actual respecto a poder presumir de un NICE español. “Para empezar, deben saber que en el organismo británico trabajan 600 personas mientras que sumando a todas las agencias que existen en España sólo hay 60. Pero es desesperadamente necesario disponer cuanto antes de un ‘Hispanice’”, aseveró.
Repullo avanzó la situación española respecto a la evaluación económica de tecnologías y fármacos. “El Tribunal de Cuentas dejó claro las carencias de la Comisión Interministerial de Precios y Sespas se une al análisis”, dijo. Sobre este particular, Igea explicó que hace falta un cambio de paradigma y responder a preguntas clave. “Hay que ir hacia el pago en función del valor y que alguien ponga precio a un mes de vida en determinadas enfermedades”, aseguró. Repullo respondió al portavoz de Ciudadanos espetando que “no es normal que el precio de los medicamentos sea una variable fuera de control”.
Por último, desde Sespas indicaron a los diputados cuáles son los dos grandes retos a los que se enfrentan. “La calidad del empleo y el precio del medicamento son cuestiones principales que deben resolver”, dijo. Ahora, tocará esperar a que el Real Decreto de Precios llegue a sede parlamentaria.
Exenciones al Copago
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) compareció en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para explicar que la equidad es el mayor problema del SNS. Entre las medidas que recomendó la organización a los diputados se encontraba repensar el modelo de copago. Hace tres semanas, la propia Comisión debatió una Proposición No de Ley presentada por Ciudadanos que fue rechazada en su mayor parte y sólo pudo sacar adelante un texto idéntico al que está escrito en el pacto de investidura.
Las recomendaciones de Sespas para reformar el copago sorprendieron al portavoz de Ciudadanos. La organización propuso modificarlo a aquellas personas con renta igual o menor a 18.000 euros. “Hace dos semanas su grupo votaba en contra de medidas como esa y hoy trae a esta organización aquí, es incomprensible”, dijo Igea en referencia a que Sespas comparecía por petición del Grupo Socialista.
El copago sigue siendo un tema que tensa la cuerda dentro de la Comisión de Sanidad. La portavoz del Partido Popular, Teresa Angulo asintió al escuchar a la coautora del Informe Sespas 2016, Rosana Peiró, defender que una derogación del Real Decreto 16/2012 no sería el mejor camino porque antes “este grupo pagaba también el 40 por ciento de sus medicamentos”.