La decisión sobre si financiar un medicamento es muy compleja y requiere de una visión multifactorial. Es una elección entre el deber con el paciente y la responsabilidad de usar de manera eficiente unos recursos que son finitos. La negociación entre industria farmacéutica y Sanidad requiere de mejores tiempos de respuesta, de una mayor transparencia y de un sistema de revaluación que tenga en cuenta la eficiencia de los tratamientos y no sólo el precio de los mismos. Ahí es donde aparece la farmacoeconomía, que se sitúa entre la investigación para diseñar productos farmacéuticos y la fijación de los precios. Para arrojar luz sobre este tema, el Hospital Universitario La Paz de Madrid ha organizado una jornada sobre ‘Farmacoeconomía e Investigación’ que ha reunido a expertos de diferentes ámbitos sanitarios para fomentar un debate necesario sobre la sostenibilidad del sistema frente a las necesidades de los pacientes oncológicos.
El gasto farmacéutico de los hospitales ha ido en aumento en los últimos años. Una cifra que llega incluso al cincuenta por ciento del presupuesto en muchos de ellos. Eso ha llevado a medidas de contención presupuestaria que, en muchas ocasiones, obvia el aspecto cualitativo. “Incorporar la innovación terapéutica es más complejo que un abordaje simplista de cuánto cuesta”, destacaba César Rodríguez, vicepresidente de SEOM. A esta circunstancia se le añade una situación de desigualdad e inequidad en el acceso a determinados fármacos según la Comunidad Autónoma donde residas, ya que existen diferentes presupuestos y capacidad decisoria en cada una de ellas.
Transparencia en el proceso
¿El sistema es sostenible a futuro? Depende de varios factores. La decisión de financiación de un fármaco debe incidir en la eficiencia, como recoge la propia ley. Esto quiere decir que debe tener en cuenta el máximo beneficio en salud en función de los recursos. Pero sin caer en la falacia, según la profesora universitaria Marta Trapero, de que tener una mayor inversión conlleva siempre mejores resultados en salud. “El coste-efectividad es la herramienta para evaluar la eficiencia”, sostiene. Este elemento mide los medicamentos incluidos en la financiación, pero los criterios de no inclusión no son explícitos. Como también ocurre con aquellos tratamientos que se excluyen de la cartera. “Las reglas de juego deben ser transparentes”, incide Trapero.
A la hora de facilitar determinados tratamientos, los decisores no sólo deben tener en cuenta el precio del medicamento, sino el coste sanitario. Es decir, evaluar implica comprobar el beneficio clínico adicional, calcular el ahorro que puede generar al sistema y valorar lo que se deja de financiar. Es por ello que los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) deben reflejar una mejor evaluación económica que mida la eficiencia. Sólo 11 de los 62 IPTs realizados en 2022 incluyen dicha evaluación según Marta Trapero.
Importancia de la revaluación
A todo lo anterior hay que sumar, según el expresidente de la SEFH Miguel Ángel Calleja, un proceso de revaluación en el tiempo que añada los resultados en la vida real después de comercializar un nuevo fármaco. “Los IPT o Valtermed han sido iniciativas fantásticas, pero su desarrollo no ha sido el adecuado”, explica Calleja. Los continuos avances justifican modificar la pauta de actuación de hospital.
Otro elemento importante es el tiempo que tarda un fármaco en financiarse. “Existen áreas terapéuticas donde el 40 por ciento de las indicaciones aprobadas no están financiadas, eso genera una situación difícil de entender”, comenta Calleja. Al cabo de un tiempo hay medicamentos que acaban incorporándose a la cartera, “pero pasan muchos meses y es una situación difícil de argumentar”, lamenta. El expresidente de la SEFH propone que sea más frecuente incorporar elementos como el pago por resultado a la negociación y que los tiempos de respuesta sean más rápidos: “En Alemania en 15 días tienen respuesta para un medicamento y aquí nos vamos a 18 meses. Eso sí, con una evaluación fantástica”. Por ello pide un proceso de priorización y revaluación en indicaciones que tengan un aporte significativo en la calidad de vida de los pacientes.