El ‘certificado verde digital‘, propuesto por la Comisión Europea, ha pasado a llamarse ‘certificado COVID-19 de la UE‘, según acordaron ayer los eurodiputados en el Parlamento Europeo. El documento, que podrá emitirse en formato digital o en papel, indicará que la persona ya ha sido vacunada contra la COVID-19, que cuenta con un test PCR negativo, o que ha superado la enfermedad recientemente.

La propuesta que regula el certificado para los nacionales de la UE salió adelante con 540 votos a favor, 119 en contra y 31 abstenciones, mientras que la centrada en los nacionales de terceros países recibió 540 votos favorables, 80 en contra y 70 abstenciones.

Condiciones para la negociación

Este nuevo certificado COVID-19 de la UE deberá tener ciertos requisitos, como estar en vigor únicamente durante un año, pues los eurodiputados coinciden en que desaparezca una vez acabe la pandemia. Además, deberá ser un certificado homogéneo, unitario y válido en todos los Estados miembro. También serán accesibles a las personas con discapacidad.

Este instrumento deberá facilitar la libre circulación sin discriminación y los Estados no podrán imponer medidas restrictivas adicionales o unilaterales. La no discriminación también se reflejará en la necesidad de pruebas universales, accesibles, oportunas y gratuitas en toda la UE.

Bajo todas estas premisas, tanto el Parlamento como el Consejo están ya preparados para comenzar las negociaciones. El objetivo es lograr un acuerdo antes del inicio de la temporada turística de verano.

Facilitar la circulación en la UE

El Consejo acogió con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre el certificado, con el objetivo de facilitar la libertad de circulación en el seno de la UE. Ana Paula Zacarías, codirigente de la Presidencia portuguesa, espera que el despliegue de este certificado “dé un impulso positivo a la recuperación económica y social de nuestras sociedades”.

Por el Grupo S&D, Juan Fernando López Aguilar, coordinador de las negociaciones por parte de la Eurocámara, también defendió la libre circulación de personas. Y es que, como consecuencia de las medidas establecidas para el control de la pandemia, ha estado en riesgo el espacio Schengen. “Sin libre circulación no hay Unión Europea“, manifestó.

Así, la Comisión Europea adoptó esta iniciativa “para relanzar Schengen y la libre circulación” y la presidenta Ursula von der Leyen solicitó el procedimiento de urgencia para su aprobación antes de verano.

Test gratuitos para evitar discriminación

“La accesibilidad a las pruebas COVID-19 no están cubiertas por el mandato del Consejo; tampoco las cuestiones vinculadas con sus tasas. La Comisión no tenía intención de regular esta cuestión en su propuesta. Sin embargo, el Consejo y los Estados miembro son conscientes de la importancia de eliminar o reducir el coste que supone para los ciudadanos y facilitar las pruebas dentro de las competencias de la UE”, apuntó Ana Paula Zacarías.

La gratuidad de los test es uno de los puntos polémicos señalados por el Consejo que tratará la Comisión. Y es que la mayoría de los eurodiputados está de acuerdo en que los países deberían asegurar que estas pruebas de COVID-19 sean “universales, accesibles, oportunas y gratuitas” para evitar la discriminación contra los no vacunados y por cuestiones económicas.

Soraya Rodríguez, eurodiputada de Ciudadanos, defendió que, mientras no haya vacunas suficientes para todos los ciudadanos que quieran vacunarse y no puedan, “las pruebas PCR tienen que ser accesibles en todo el territorio de la Unión”.

Además, el eurodiputado Cristian Bușoi, de la Comisión de Industria, aseguró que desde su partido han pedido que los test sean gratuitos, pues el acceso a estos está fragmentado debido a su coste y también en relación a las instalaciones. “En algunos países el coste es muy elevado y afecta a los jóvenes que tienen menos recursos”, señaló. Y es que existen enormes disparidades entre Estados miembro, pues en algunos las pruebas PCR tienen un precio “prohibitivo y discriminatorio”: “Pueden costar 150 euros o más”.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, destacó que la Comisión ha movilizado 100 millones de euros para adquirir más de 20 millones de kits de test de antígenos entregados ya a los Estados miembro. “Entre otras cosas, con ello podremos garantizar mejores precios“, afirmó.

El Parlamento ya debatió esta cuestión sobre la gratuidad de los test, pero aún queda que la Comisión “convenza” a los Estados miembro.

Protección de datos

Otra de las polémicas gira en torno a la privacidad de los datos de los ciudadanos que adquieran este certificado COVID-19. El partido de los Verdes señaló que han marcado unas líneas rojas que no quieren que se cruce con este certificado, entre las que se encuentra la protección de datos: “No se podrá rastrear a las personas”.

El socialista Juan Fernando López se mostró tajante en este aspecto: “Los datos no podrán ser almacenados por ninguna base central europea. Solo podrán ser almacenados por la administración sanitaria que expida el certificado y que deberá ser entregado automáticamente a su portador en el caso de las vacunas y de los test de PCR. Tampoco podrán ser utilizados internamente por los Estados miembro”.

“La Comisión tratará estos puntos polémicos que ha señalado el Consejo, como la protección de datos, en las negociaciones venideras”, aseguró el comisario de Justicia. Por su parte, la Presidencia portuguesa está “abierta a seguir debatiendo cuestiones fundamentales como la protección de los datos personales teniendo en cuenta la opinión conjunta con el Consejo Europeo de Protección de Datos, así como la del Supervisor de Protección de Datos Europeo”.

Compatibilidad con iniciativas nacionales

El Parlamento quiere asegurar que el certificado europeo es compatible con otras iniciativas a nivel nacional, que en todo caso deberán respetar el mismo marco legislativo.

Los eurodiputados señalaron que los Estados miembro deberán aceptar los certificados de vacunación emitidos en otros países de la UE para personas inoculadas con vacunas autorizadas para su uso en la UE por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) –ahora mismo, las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen–.

Asimismo, corresponderá a cada Estado miembro decidir si también aceptan los certificados de vacunados de otros países europeos para vacunas incluidas en la lista de la OMS para uso de emergencia.


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