El pasado mes de noviembre, el Gobierno anunciaba el inicio del anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Esta ley pretende garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de la población, a través de la modificación de legislaciones anteriores.

Unos meses después y tras desarrollar un análisis en profundidad del anteproyecto, la Asociación de Economía de la Salud (AES) ha elaborado un documento que incluye una serie de propuestas de mejora. Estas ideas se desarrollan como una serie de recomendaciones “constructivas” que pretenden mantener “vigorizado” el Sistema Nacional de Salud. Para ello, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) ha elaborado el documento junto a la AES.

Peticiones de mejora

Evaluar de forma continua las políticas sanitarias es una de las principales reclamaciones de la AES, que lamenta “la ausencia histórica de una verdadera cultura evaluadora en la Administración española que impide contar con evidencia suficiente y rigurosa sobre cómo han funcionado hasta el momento las distintas fórmulas de gestión sanitaria, ya sean íntegramente públicas o de colaboración público-privada”.https://gacetamedica.com/politica/nueva-ley-de-equidad-idis-reivindica-el-papel-del-sector-privado-en-la-gestion-sanitaria/embed/#?secret=BpJRweiOoJ

En este contexto, la asociación, que ya se adhirió a un manifiesto en 2020 que proponía crear un órgano independiente que se encargue de la evaluación económica, propone la creación de una institución independiente de evaluación de las prestaciones sanitarias, incluyendo la evaluación económica y su impacto presupuestario. 

Asimismo, la asociación destaca la gestión pública directa “como forma preferente para la prestación y gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios”. Sin embargo señalan la posibilidad excepcional de valorar el recurso de poder establecer otras formas de gestión.

De acuerdo con los expertos de AES, cualquier decisión en este sentido debe dirimirse en el terreno de la evaluación pues “parece equivocado dejar según qué decisiones a las preferencias ideológicas”. De hecho, según AES, el anteproyecto “parece ignorar el progresivo deterioro del SNS”, una situación que se evidencia en “la pérdida del porcentaje de financiación pública -ya por debajo del 70 por ciento-, el aumento del aseguramiento privado, y el olvido del capital humano”.

Además, lamentan que el componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia proponga invertir en compra de aparatos, pero no en capital humano. 

Contratación

El documento de AES también hace referencia al hecho que el anteproyecto afirma que -tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público– el recurso excepcional a otras fórmulas de gestión deberá de contar obligatoriamente con una memoria que justifique desde el punto de vista sanitario social y económico la necesidad de acudir a ellas.

En cambio, advierte AES que “se omite el precepto simétrico del artículo 294 por el que el rescate de una concesión requerirá además la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional”.

El documento presentado por AES también pone de manifiesto la falta de cohesión y la quiebra de equidad en el acceso a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) que permite que amplios colectivos de empleados públicos -entre los que no se cuentan los sanitarios- tengan derecho a recibir asistencia sanitaria por una aseguradora distinta al conjunto del SNS.

Por otro lado, uno de los aspectos positivos que destacan desde la AES es la refundación de las tres modalidades existentes (la cartera común, la suplementaria y los servicios accesorios) en una sola cartera común de servicios del SNS, situación que genera ciertas desigualdades entre Comunidades Autónomas.

En la elaboración de este documento de recomendaciones han participado los expertos de la AES: Ricard Meneu (FIISS), José Mª Abellán (UMU), Laura Vallejo (ULPGC) e Ildefonso Hernández (UMH). Anna Garcia-Altes, como vicepresidenta de AES y Vicente Ortún (UPF) coordinaron el grupo. José Ramón Repullo (FFOMC) y la Junta Directiva de AES apoyaron e hicieron suyo el documento.


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