La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha cumplido su palabra. Hace seis semanas, anunció en el Consejo de Ministros su intención de iniciar un proceso dialogado que culminaría en la presentación de un Real Decreto-ley para la protección universal de la salud y así lo ha hecho. Con estas palabras celebraba la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, la recuperación de derechos sanitarios a la que se ha comprometido el Gobierno. Pero el anuncio queda ensombrecido por el retorno a la anterior senda del déficit, que priva a las comunidades autónomas de 2.500 millones de euros para destinar al Estado del Bienestar y que obligará al Ejecutivo a llevar a cabo un ajuste de 6.000 millones de euros.
El retorno a la anterior senda del déficit priva a las comunidades de 2.500 millones de euros para ampliar el Estado del Bienestar
Con los Presupuestos Generales del Estado para 2019 por bandera, el gobierno mantiene su rumbo y su agenda de reformas. No reconoce ninguna situación de debilidad por su minoría parlamentaria. Pero es innegable el revés que supone el rechazo —por “puro dogmatismo y pura inflexibilidad ideológica”, según Celaá— del Congreso de los Diputados a una senda de estabilidad que cuenta con el beneplácito de la Comisión Europea, que suavizaba los objetivos de déficit y que otorgaba a las comunidades autónomas un margen fiscal adicional para varios años.
“Este nuevo marco podría haber favorecido la ampliación del Estado del Bienestar. Con ese rechazo, volvemos a la antigua senda”, se lamentaba Celaá, antes incluso de que la Cámara Baja hubiera formalizado su rechazo, con el voto en contra de PP y Ciudadanos y la abstención de otros grupos parlamentarios, entre ellos Unidos Podemos. “¿Cómo puede el Parlamento puede privar a las comunidades autónomas de los 2.500 millones de euros de los que les permitirían disponer la senda de estabilidad? —continuaba la portavoz — ¿Cómo puede interpretarse ese desaire a los españoles? ¿Cómo, por esa inflexibilidad, podemos seguir manteniendo la Seguridad Social sin los recursos que podríamos haber prestado con esa nueva senda de déficit?”.
Finalizada la votación en la Cámara Baja, los objetivos de estabilidad y deuda pública del PSOE fueron rechazados, con 88 votos a favor; 173 en contra y 86 abstenciones.
Aunque el Ejecutivo reconoce que el resultado de la votación en el Congreso no es “deseable”, mantiene su voluntad de agotar la legislatura y presenta el Real Decreto-ley de universalidad como toda una declaración de intenciones al respecto. “Hoy el Gobierno ha anunciado un Real Decreto-ley que garantiza que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones en España”, destacó la ministra de Sanidad, Carmen Montón. “La norma aprobada representa un cambio en la atención sanitaria en España. La titularidad del derecho desde hoy se basa en la condición de ciudadanía y por tanto se desliga de la condición de asegurado. De este modo, el acceso a la atención sanitaria en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho básico de toda persona”, añadió.
El RDL reconoce como titulares del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan residencia en España. También a aquellas personas que no teniendo su residencia habitual en territorio español tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, como por ejemplo son los pensionistas españoles que no residen en España, los trabajadores desplazados o los trabajadores transfronterizos. “Los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española”, insistió Montón.
Sin aumento de gasto
Para no comprometer la sostenibilidad financiera del SNS y evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, respecto a estos colectivos, la asistencia sanitaria será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes siempre que se cumplan tres requisitos: no tener la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la UE, los convenios bilaterales y demás normas aplicables; no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia y no existir un tercero obligado al pago. “En todo caso, la asistencia sanitaria a estos colectivos no genera un derecho a la cobertura sanitaria fuera del territorio español financiada con cargo a los fondos públicos”, añadió Montón.
El RD-L de universalidad incluye tres requisitos para no comprometer la sostenibilidad financiera del SNS y evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria
En un contexto crítico teniendo en cuenta la votación del Congreso, la ministra de Sanidad también hizo especial énfasis a la hora de recordar que su proyecto no comporta un aumento de gasto. “La aplicación de la norma no implica un mayor coste para las arcas públicas. La atención normalizada en atención primaria permite un mejor control de las enfermedades y de la salud pública, y evita descompensaciones en enfermedades que provocan atenciones urgentes y hospitalizaciones. Por ello, además de la ganancia en salud individual y colectiva, es menos gravoso para el sistema sanitario”, explicó la ministra, quien también señaló que “lo esencial” de la norma, y lo que justifica su urgencia, es la mejora de la salud individual de las personas excluidas y de la salud colectiva de toda la población. “Una sociedad justa no deja a nadie atrás”, resaltó.
Seguridad jurídica
Según Montón, la norma aporta coordinación, armonización y seguridad jurídica ante la normativa dispersa de las comunidades autónomas que, para preservar la atención sanitaria a los colectivos que quedaron fuera del SNS por el RDL 16/2012, elaboraron diferentes disposiciones para cubrir a las poblaciones excluidas. El nuevo RDL acabará con la inseguridad jurídica que afecta tanto a las personas que precisan atención sanitaria como a los profesionales que prestan ese servicio público así como a las Administraciones que en su día las aprobaron.
Según el Real Decreto-ley que ahora tiene que ser convalidado, las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial. En aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal al que se refiere la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (90 días), será preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades autónomas.
En la elaboración de la norma se han tenido en cuenta los informes y consideraciones realizadas por los organismos internacionales (la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la Organización Mundial de la Salud). También se ha incorporado información aportada por las comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo, sociedades científicas o la sociedad civil en los distintos encuentros mantenidos las últimas semanas para el desarrollo del RDL.
