El pasado 9 de noviembre, el Parlamento Europeo adoptó el Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR), un instrumento diseñado para ayudar a los países de la UE a hacer frente a los efectos y consecuencias de la pandemia de COVID-19. De este modo, las comisiones de Presupuestos y Asuntos Económicos y Monetarios aprobaron los objetivos, la financiación y las reglas para la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por 73 votos a favor, 11 en contra y 15 abstenciones.
Así, los eurodiputados quieren destinar 672.500 millones de euros en subvenciones y préstamos. Con ello pretenden financiar medidas nacionales para aliviar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, que estarán en vigor a partir del 1 de febrero de 2020.
Además, pretenden que la financiación esté disponible durante cuatro años (en lugar de tres como planteaba el Consejo Europeo) y que los gobiernos de la UE puedan solicitar hasta un 20 por ciento de prefinanciación para sus planes de recuperación y resiliencia, en lugar del 10 por ciento propuesto “para que puedan reaccionar más rápido y hacer más”.
Compromiso con el estado de derecho
Los eurodiputados acordaron que el FRR solo debe ponerse a disposición de los Estados miembros comprometidos con el respeto al estado de derecho y los valores fundamentales de la Unión Europea.
De esta manera, los planes nacionales de recuperación y resiliencia únicamente serían elegibles para financiación si son coherentes con seis prioridades de la UE:
- Transición verde.
- Transformación digital.
- Cohesión económica y competitividad.
- Cohesión social y territorial.
- Reacción institucional a crisis.
- Preparación para crisis
Además, los eurodiputados de ambos comités exigieron que la Comisión (responsable de la implementación del RFF) sea responsable ante el Parlamento Europeo presentando dos veces al año un informe que describa cómo se han implementado los objetivos y los hitos, así como los importes pagados a cada país de la UE. También enfatizaron que los beneficiarios deben asegurarse de que el gasto bajo el RRF sea visible etiquetando claramente los proyectos apoyados como “Iniciativa de Recuperación de la Unión Europea”.
Integrar el clima en el presupuesto
El Parlamento también ha planteado que cada plan contribuya con al menos el 40 por ciento de su presupuesto al clima y la biodiversidad y al menos el 20 por ciento a las acciones digitales.
Los planes deberían tener un impacto duradero en los países de la UE tanto en términos sociales como económicos y proporcionar una reforma integral y un paquete de inversión sólido.
Por otra parte, los eurodiputados adoptaron un mandato para entablar negociaciones con los gobiernos de la UE por 84 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones. Quieren que el mandato se anuncie durante el próximo pleno del 11 al 13 de noviembre, para poder iniciar las conversaciones sin demora.
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