El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma de la Ley de Ciencia Tecnología e Innovación del 2011. Como resultado del mismo, nace “un texto transformador que cumple con dos demandas unánimes: dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras de nuestro país y garantizar una financiación pública creciente en I+D+i alineada con los requisitos de la Unión Europea”, ha señalado Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación. “Apostamos por la ciencia y la innovación como pilares de transformación de nuestro país”, ha añadido la responsable.
Para ello, ha aseverado que la Ley pretende saldar la deuda histórica que arrastra España en esta materia y que, según ha precisado, viene a subsanar problemas convertidos en endémicos como la fuga del talento investigador, la financiación estable y creciente del sector, la precariedad y la estabilidad, el envejecimiento de las plantillas o la brecha de género en este ámbito.
En líneas general, la norma incorpora “el compromiso de alcanzar una inversión pública en I+D+i del 1,25 por ciento del PIB en 2030. Con el apoyo del sector privado, nos permitirá llegar al compromiso del 3 por ciento que establece la UE y que está en consenso con el objetivo del Pacto por la Ciencia“. De este modo, según Morant, la intención del Ejecutivo es blindar con los recursos suficientes para “seguir creciendo, modernizando sus infraestructuras y equipamientos, y creando más y mejores oportunidades para nuestros científicos y científicas”.
La norma prevé que la inversión pública en I+D+i alcance el 1,25%: junto al sector privado, el objetivo es llegar a compromiso del 3% en 2030 que establece la UE
Morant ha hecho mención específica al terreno estrictamente sanitario. “Con esta reforma también por primera vez se reconoce el personal investigador sanitario, aquel que dedica el 50 por ciento de su tiempo investigando en hospitales y en centros de salud”. De este modo, la Ley de Ciencia mandata a las administraciones públicas de las CC. AA. que incorporen de forma estable investigadores al Sistema Nacional de salud con categorías específicas. Además, legisla que el personal laboral e investigador pueda tener una carrera profesional en función de los méritos.
Asimismo, el protagonismo de las mujeres en este texto se materializa en el hecho de que, por primera vez, “se da seguridad jurídica a la igualdad de género en el sistema de I+D+i”, ha indicado la ministra. Para ello, ha explicitado medidas concretas como la obligatoriedad de todos los agentes públicos de disponer y evaluar anualmente de planes de igualdad de género. “Queremos una ciencia de excelencia y no hay excelencia científica si no garantizamos la no discriminación por cuestión de género”, ha subrayado.
De Duque a Morant: el histórico de una reforma
La reforma de la Ley de Ciencia viene fraguándose desde el arranque de legislatura, cuando Pedro Duque fue entonces renombrado como responsable de cartera homónima. Enmarcada dentro del Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, contempla entre otras cosas la mejora de la carrera investigadora en España. Dentro de esta renovación legislativa, la intención del Ministerio ha sido siempre, como mínimo, crear un modo de contratación estable dentro de la carrera profesional científica, a la edad normal que ocurre en otros países.
“Reducir la precariedad” de la profesión investigadora con “estabilidad” y “contratos dignos”, señaló el pasado viernes 11 de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este sentido, el anteproyecto de Ley de Ciencia recoge la propuesta de crear un modelo de contratación tipo ‘tenure track’, que consiste en una contratación fija sujeta a evaluación externa, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea. Este modelo se utiliza ya en EE.UU. o Canadá y se ha incorporado de forma más reciente en países europeos como Alemania, Suiza o Italia.
“Estamos intentando presentar el proyecto (Ley de Ciencia) cuanto antes, en cuestión de semanas”, señalaba a finales de octubre de 2020 ya Duque. Además de la citada estabilidad, la intención del Gobierno en julio del mismo año era ya dotar de fondos a los principales instrumentos de financiación de la ciencia. De hecho, como ya se ha hecho mención antes, uno de los grandes mantras que subyacen de esta reforma es el blindaje por ley de una financiación estable de la ciencia pública hasta el 1,25 por ciento del PIB.
No sería hasta marzo de 2021 cuando el Consejo de Ministros aprobara iniciar los trámites que conducirían a la aprobación de la modificación de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En aquel entonces, la reforma de la Ley de Ciencia se presentaba con tres objetivos: la ya anunciada intención de crear una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia de conocimiento -incentivos al personal científico para que sus investigaciones lleguen a la sociedad o facilitar las start-up derivadas de resultados de la investigación- y mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación -mediante programas complementarios con las CC.AA-.
El Gobierno inició así un proceso de diálogo para la reforma, materialización con la creación de su propia Subcomisión en el Congreso para su debate. Precisamente, en este proceso compareció la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), que instó al Ejecutivo a mejorar diversos aspectos en la investigación hospitalaria como parte de la Ley de Ciencia. Asimismo, los representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación se reunieron desde entonces con las asociaciones científicas, universitarias y del ámbito de la salud, las comunidades autónomas y los agentes sociales para abordar las modificaciones propuestas.
Como paso previo a su llegada al Consejo de Ministros, El Ministerio de Ciencia e Innovación abrió el pasado 18 de enero el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de ley para la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
