El Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición No de Ley, presentada por Ciudadanos, en la que se insta al Gobierno a no fiscalizar las actividades de formación que realizan los profesionales sanitarios. La propuesta ha sido validada por la mínima (18 votos a favor, 17 en contra y una abstención) y contra todo pronóstico si se toma como vara de medir los discursos y actuaciones de los parlamentarios durante la Comisión de Sanidad. El voto que ha decantado el resultado ha sido el de diputado de Nueva Canarias, partido que llegó al Congreso en coalición con el PSOE y a pesar de que este último ha votado en contra. “Ciudadanos le ha dado el sí a la PNL que presentaba yo hoy y a cambio he votado la suya”, aseguró a EG Pedro Quevedo.
Junto a este voto, hay otro que ha llamado la atención, la abstención de Esquerra Republicana. “Estamos ante subvenciones de la industria que, poniendo los precios que ponen a los medicamentos, no deben ser muy generosas… Proponemos rebajar las ganancias por medicamentos y destinar parte de eso a la formación continuada”, dijo el portavoz Joan Olóriz minutos antes de abstenerse en la votación. La explicación de esta abstención puede tener su encaje si se tiene en cuenta una Proposición No de Ley que registró el PSOE minutos antes de comenzar la Comisión de Sanidad. En ella (pendiente de encajar en una futura comisión; la próxima se celebrará el 9 de marzo) se plantea que, siguiendo la disposición adicional sexta de la Ley de Garantías, la financiación de la formación continuada debe correr a cargo del fondo creado con las aportaciones en función de su volumen de venta de la industria farmacéutica.
Tanto la PNL aprobada como esta pendiente de debatir no son contrarias desde el punto de vista de la tributación médica, aunque sí desde la organización, gestión y financiación de las transferencias de valor. “Es una forma de clarificar la formación y, además, los médicos no tendrían que tributar porque es dinero público”, afirmó Jesús María Fernández. De hecho, el PSOE, Esquerra y Podemos podrían respaldar esta medida para que saliese adelante cuando se debata.
La proposición aprobada no obliga al Ministerio de Hacienda a tomarla en consideración, por eso los votos que la respaldan cobran especial relevancia El hecho de que el Partido Popular sustentase la propuesta defendida por el portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, tiene valor añadido porque es el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno. Además, el respaldo fue casi completo al añadir una enmienda que solo quería reflejar que su grupo nunca había pensado darle un tratamiento fiscal diferente a las transferencias de valor.
Igea defendió la propuesta desde la necesidad de la formación continuada y la realidad de la profesión sanitaria. “Desde 2004, los médicos han perdido el 25 por ciento de su poder adquisitivo, días libres y se ha ganado en temporalidad… ¿Se nos llena la boca diciendo que los profesionales son el pilar del sistema y ahora se les va a fiscalizar por acudir a congresos a formarse?”, explicó. Igea defendió el ejercicio de transparencia realizado por Farmaindustria y aseguró ante el resto de diputados que hacer tributar “por vuelos y hoteles” puede producir “o que dejen de asistir a las actividades de formación o que se busque una fórmula para no tener que tributar”.
Estrategia sociosanitaria descafeinada
En la Comisión de Sanidad también se debatió la Proposición No de Ley sobre una nueva Estrategia Sociosanitaria. La propuesta, defendida por el Partido Popular, salió adelante gracias al respaldo del PSOE y de Ciudadanos, si bien fue una iniciativa poco clarificadora. Durante la exposición de la portavoz popular Teresa Angulo no hubo explicaciones concretas y sí se echó en falta, tal y como ocurrió en el borrador de 2014, la palabra farmacia.
No a la prescripción enfermera
El colectivo de enfermería tendrá que esperar para contar con una legislación que les permita prescribir medicamentos. La Comisión de Sanidad rechazó la Proposición No de Ley del Grupo Socialista con los votos de Ciudadanos, Podemos y el Partido Popular. Los dos primeros grupos pidieron al proponente que aceptara sus enmiendas, encaminadas a modificar el artículo 77 de la Ley de Garantías y transponer la directiva europea de Cualificaciones Profesionales “para atajar el problema desde la raíz”. El portavoz socialista Jesús María Fernández no consiguió seducirlos tras pactar una enmienda transaccional con el Grupo Mixto en el que sí recogía la transposición de las directivas pero no la modificación de la Ley de Garantías. “Nosotros no somos quienes para decir qué ley se debe modificar; hemos recogido, literalmente, que se adapte la legislación vigente, pero no les ha parecido suficiente” se defendió el portavoz socialista Jesús María Fernández.
Al término de la Comisión, Fernández se dirigió al registro del Congreso y solicitó que en la próxima comisión se incluya como pregunta oral la solicitud de pregunta realizada el 28 de octubre al Gobierno sobre su retraso en la transposición de la directiva europea, que lleva una demora de más de dos años.
