El acceso a medicamentos controlados en emergencias humanitarias continúa siendo limitado. Así lo han denunciado la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en una nueva declaración conjunta. Y es que en agosto del año pasado, estos organismos ya pidieron a los gobiernos que se garantizase la adquisición y suministro de medicamentos fiscalizados tanto para pacientes con COVID-19 como para los que necesiten fármacos para otras patologías.
Ahora, piden una vez más que los gobiernos faciliten el acceso a los medicamentos que contienen sustancias controladas en situaciones de emergencia, «incluso durante las pandemias y el creciente número de desastres relacionados con el clima».
Desastres climáticos
En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 2021, celebrado el pasado 19 de agosto, se reconoció el impacto de las emergencias relacionadas con el clima. Se han reportado más de 7.348 desastres en las últimas dos décadas, de los cuales se estima que el 40 por ciento están relacionados con el clima según los informes de la ONU.
El impacto de su creciente número combinado con la persistente pandemia de COVID-19 crea un panorama complejo para garantizar el acceso a medicamentos controlados en situaciones de emergencia.
Un año después de una declaración conjunta anterior, restricciones comerciales sin precedentes, escasez de medicamentos, aumentos repentinos de infecciones y nuevas variantes del SARS-CoV-2, los problemas relacionados con el mantenimiento del suministro de medicamentos controlados se han agravado, según la OMS y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Escasez de medicamentos
En la actualidad, se ha detectado un aumento de la demanda de medicamentos fiscalizados. Desde el comienzo de la pandemia, la OMS ha identificado más de 20 medicamentos con escasez a nivel mundial, incluidos cuatro que contienen sustancias controladas que se utilizan en unidades de cuidados intensivos para el tratamiento de casos graves de COVID-19.
Los medicamentos controlados internacionalmente, como la morfina, el diazepam y el midazolam, incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, «son vitales para el manejo del dolor, los cuidados paliativos, la atención quirúrgica y la anestesia, y el tratamiento de los trastornos por consumo de drogas, la salud mental y las afecciones neurológicas».
Esta escasez afecta a países de todos los niveles de ingresos. Los países de ingresos bajos y medianos, a menudo, se ven afectados de manera desproporcionada por la escasez. Esto se debe a su poder adquisitivo relativo en los mercados internacionales de medicamentos y a que los sistemas especializados para gestionar los medicamentos controlados no siempre admiten suficientes excepciones para las emergencias.
«Se necesitan acciones urgentes para garantizar que los sistemas nacionales mejoren el acceso a los medicamentos controlados para las personas afectadas por emergencias, incluidas pandemias y desastres relacionados con el clima», demandan los organismos en la declaración conjunta.
Buscar soluciones
Las directrices de la OMS sobre medicamentos fiscalizados en emergencias describen medidas de control simplificadas para el comercio transfronterizo de medicamentos fiscalizados durante emergencias humanitarias. Aunque estas y otras pautas se han implementado durante muchos años, «no todos los países las utilizan de manera coherente o eficaz».
En el panorama mundial actual, es de vital importancia que las autoridades competentes de los países exportadores e importadores ejerzan y apliquen flexibilidades en varias áreas clave. La OMS, la JIFE y la ONUDD señalan tres:
- Enmiendas, exenciones o nuevas disposiciones que permitan una mayor flexibilidad en el uso de medidas de control sobre medicamentos controlados durante emergencias;
- Alianzas mejoradas, incluida la dependencia de las agencias humanitarias relevantes para llevar a cabo ciertas actividades en nombre de los gobiernos;
- Flexibilidades que garantizarían el uso seguro, oportuno y apropiado de los medicamentos fiscalizados en situaciones de emergencia, incluidas soluciones provisionales y a largo plazo.
