Sorpresa. Es una de las palabras que mejor expresa el ánimo con el que los economistas de la salud se han enfrentado al reto de analizar el informe de la AIReF sobre gasto de receta. Sorpresa ante el hecho de encontrar un conglomerado de reformas para ahorrar 1.500 millones en una rúbrica de gasto que el propio informe reconoce controlado para los próximos años y ante el hecho de tener que comentar lo que pueda hacer o no el nuevo gobierno sin una evaluación completa de la política farmacéutica o del sistema sanitario en general. Sorpresa e indignación, cabría añadir, ante un estudio que, como señalan otras fuentes del sector, vuelve a poner de manifiesto la “obsesión” que existe en el SNS (léase Gobierno y comunidades autónomas) con el gasto de medicamentos.
Una de las cosas que más le han llamado la atención a Carme Pinyol, presidenta del capítulo español del ISPOR, es que el informe de AIReF sólo hable de gasto ante algo “tan sensible” como la sanidad. “¿Dónde están los beneficios en salud?”, se pregunta. A su juicio, “se debería empezar a utilizar otro lenguaje”, y no se refiere sólo al concepto de ‘gasto’ frente al de ‘inversión’. Desde su punto de vista, “se está utilizando la palabra ‘eficiencia’ hasta el hastío”, y no siempre correctamente. “Eficiencia es utilizar los recursos de la mejor manera posible, en las actuaciones que dan mejores resultados en salud, pero se usa como sinónimo de ahorro. Y además como sinónimo de ahorro en el medicamento, sin mirar otros puntos de ineficiencia”, afirma.
En esta línea, Guillem López Casasnovas, profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra, cree que “es tiempo de una revisión global y exhaustiva” del sistema sanitario. “No creo que sea proporcionado analizar aisladamente medidas de recortes lineales de precios o de eliminación de deducciones sin elementos de discernimiento de lo que es o no innovador o coste efectivo, o de continuar tergiversando lo que es una política de precios de referencia, fundamentada como en su etapa inicial y convertida hoy en un deslistado de financiación”, asegura el también fundador y director del CRES.
Pese a todo, su balance inicial deja entrever los pros y los contras de algunas recomendaciones. “En las subastas el reto radica en canalizar correctamente la demanda que se ejercerá en compra monopsonista. La eliminación de la deducción del 15 por ciento a los medicamentos innovadores se podría considerar acertada si se dispusiera de una medición mínimamente correcta de lo que es innovador y coste efectivo. Finalmente, modificar el SPR podría ser aceptable si se sabe hacia dónde se va a llevar al sistema: comparador, efectivo de coste menor y diferencia con el fármaco elegido y a copago variable, etc”, asegura.
De todas las propuestas de AIReF, la más interesante, a juicio de David Cantarero, vicepresidente de Asociación de Economía de la Salud (AES) y profesor titular de la Universidad de Cantabria, es la de la subasta, sobre la cual asegura que “recuerda bastante a la andaluza aunque debería desprenderse de los flecos por resolver que dejaba ese sistema vista su experiencia reciente”. Aquí entraría la apuesta por una ‘subasta eléctrica’ que, según Cantarero, “ya en cierto modo plantea la Ley de Contratos”, puesto que además de asegurar más de un adjudicatario tiene como ventajas el evitar la rotura de stock y problemas de desabastecimiento que puedan darse con entidades que apuesten excesivamente por tirar los precios a la baja pero luego no tengan suficientes medicamentos para ponerlos a disposición. La duda, para este experto, es otra. “Todo esto choca con el hecho de que ya tenemos los propios precios financiados en el sistema público, así que plantea ciertas dudas de si con este sistema al final se estén replanteando si se están poniendo de manera óptima los precios de los medicamentos”, concluye.
Una de las cosas que más le han llamado la atención a Carme Pinyol (ISPOR) es que el informe sólo hable de gasto
De todas las propuestas, la más interesante, a juicio de David Cantarero (AES) es la de la subasta