La intención de alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad ha formado parte de los programas electorales en innumerables ocasiones para acabar en la mesa de gobiernos, partidos y formaciones parlamentarias. Sin embargo, la realidad habla de contadas ocasiones en las que se ha rubricado un consenso tan absoluto como el que exige por definición. La historia de la democracia atestigua así dos grandes acuerdos en los que el deseado consenso sanitario se mira en el espejo. Por un lado, el Pacto de Estado contra el terrorismo que firmaron José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero; por otro, el archiconocido como Pacto de Toledo por las pensiones y el cual siempre se ha querido emular desde el sector.

En ambos, su ‘construcción’ siguió pasos similares y reconocibles: el partido en la oposición o, en su defecto, del Gobierno, ofreció mediante un planteamiento inicial pactar una serie de líneas estratégicas que salieron adelante tras un período de negociaciones. Sin embargo, la sanidad siempre se ha quedado en el camino que trazaron en su día ambos ejemplos en España.

Prueba de ello fueron las subcomisiones y documentos generados en la Comisión de Sanidad del Congreso durante las legislaturas IX y X, cada una con un gobierno distinto: uno del PSOE y otro del PP. Desde entonces, la búsqueda de un acuerdo que permita hacer políticas sanitarias, y no política con la Sanidad, se ha complicado con la aparición de nuevos actores, convirtiendo lo que fue un sueño en una utopía.

Lograr un pacto ‘a la toledana’ ha sido siempre el deseo de un sector sanitario que ha visto diluirse varios intentos

El primero de ellos, tal y como recuerda en declaraciones a EG el ex secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, tuvo lugar en 2010 cuando era el partido socialista quien ocupaba el Ejecutivo, con el también ex senador entre sus filas. Sus inicios arrancaron algo antes -allá por 2008- cuando el entonces ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, presentó los comités institucionales que se encargarían de aportar los contenidos del Pacto por la Sanidad para encontrar puntos de encuentro entre todas las administraciones sanitarias para garantizar y reforzar la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Todo ello culminó con el inicio del proceso en 2009.

José Martínez Olmos, en una imagen de archivo.

Este pistoletazo de salida pretendía cimentar el pacto en base a seis principios básicos que han prevalecido durante todos los intentos: equidad en las prestaciones, cohesión entre las autonomías, calidad, innovación, seguridad de los pacientes y sostenibilidad. De vuelta a 2010, con Trinidad Jiménez como ministra, se alcanzó acuerdo dentro de una propuesta que fue aprobada en el seno del Consejo Interterritorial (CISNS), con PP -de la mano de Ana Pastor y Julio Sánchez Fierro– y PSOE intensificando sus conversaciones. Aun así, la coyuntura sobrevenida por la crisis financiera terminó por dinamitar un pacto que estuvo cerca de fructificar.

En 2010, Trinidad Jiménez y Ana Pastor no consiguieron un acuerdo sobre cómo solventar el déficit del SNS

A finales de septiembre del mismo año, el Pacto por la Sanidad fue declarado “roto” por el que fuera presidente de la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares. Un período de debate de dos años que finalizó sin acuerdo sobre la redacción de un documento definitivo, con un último ‘no’ de PP y CIU y la abstención del PNV. La diputada popular, Ana Pastor, señaló que la propuesta estaba “llena de generalidades” y no contenía propuestas “claras” para solventar el déficit del sistema público de salud, que ascendía a 12.000 millones de euros. El objetivo era, por tanto, buscar vías para acabar con el déficit crónico de los sistemas sanitarios desde que el PP concluyera las transferencias en 2002.

En opinión de Pastor, faltaron propuestas en materia de financiación, el desarrollo de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) y un cambio en el modelo retributivo de los profesionales o la cartera de servicios del SNS. Por su parte, tanto Pilar Grande (PSOE) como Llamazares lamentaron lo sucedido en aquel momento, que achacaron a “condicionamientos políticos”.

“Puerta abierta”

No obstante, Pastor declaró que la puerta “seguía abierta” siempre que se consensuara un documento con propuestas “concretas” sobre “asuntos clave”.

Y la oportunidad se presentó de nuevo en 2012, cuando los populares llegaron al Gobierno y se tradujo en un nuevo intento vehiculado por la entonces ministra del ramo, Ana Mato. Así lo anunció en febrero de ese mismo año, cuando calificó la iniciativa de “propósito irrenunciable”, la cual nació con la voluntad de regirse por el principio de solidaridad social y sanitaria, y colocaría “al ciudadano en el centro del sistema”. El objetivo era, en consecuencia, llegar a implantar por primera vez en España un modelo sociosanitario que integrara los cuidados de salud y la atención social. Mato avanzó entonces, que ‘su’ pacto afrontaría los problemas de financiación con una “austeridad”.

Para garantizar la sostenibilidad, señaló que se avanzaría hacia un nuevo modelo de prestación farmacéutica, con medidas como asegurar el acceso a todos los ciudadanos a los medicamentos necesarios. Además, pretendía impulsarla participación de las CC. AA. en la política farmacéutica y facilitarles conseguir los fármacos a un menor precio, a través de una central de compras. Los pacientes, por su parte, tendrían garantizado el acceso a los medicamentos más innovadores y se seguiría incrementando el porcentaje de fármacos genéricos hasta alcanzar el promedio de la UE.

Ana Mato intentó un nuevo pacto, pero los diferencias de modelo entre PP y PSOE impidieron lograr consenso

La asunción de los recortes planteados por el RDL 16/2012 supusieron el principio del fin del pacto sanitario. Sin embargo, el principal problema es que las aportaciones que querían hacer los grupos eran “de raíz” y entroncaban directamente con el cambio de modelo que implicaba la reforma. De este modo, la quimera de la firma del Pacto por la Sanidad partía de dos premisas intocables e incompatibles: por un lado, las del Gobierno, por otro las de varios grupos de la oposición.

Los ‘otros’ pactos sanitarios

El escenario y distancia existente entre los dos grandes partidos de España ha terminado por convertir este gran consenso en algo prácticamente imposible. A pesar de ello, el recorrido del sistema sí habla de acuerdos concretos que demuestran que en determinadas políticas es posible lograr posiciones afines. El principal ejemplo, tal y como apunta Martínez Olmos a esta publicación, lo ilustró la aprobación de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad el Sistema Nacional de Salud, aprobada con el beneplácito de PSOE y PP tras haberse completado la descentralización de competencias precisamente el año anterior.

No obstante, no se trata del único acuerdo con dimensión alcanzado; buena cuenta de ello la dio la Cámara Alta en 2019. Los portavoces de Sanidad del Senado despidieron la legislatura con un orgullo difícil de trasladar con palabras, sabedores de que habían logrado lo que parecía imposible: un pacto de todos los partidos, sin fisuras, para dotar al SNS de una herramienta política que cualquier gobierno futuro, con independencia de su signo político, podría utilizar para conseguir que España se situara a la vanguardia de la medicina personalizada y la Genómica.

La Ley 16/2003, el Pacto en Genómica o la Comisión de Reconstrucción, ejemplos de ‘finales felices’ en sanidad

En aquel entonces, los portavoces de Sanidad popular y socialista, Antonio Alarcó y José Martínez Olmos, respectivamente, coincidieron al calificar el trabajo de la Ponencia que durante un año y medio había escuchado, en 19 sesiones, a expertos de todos lo sectores como un “pacto de Estado”, tanto por su alcance como por sus posibles repercusiones.

El precedente más reciente lo marcan los acuerdos logrados entre CC. AA. y Ministerio en el CISNS durante el presente diciembre de 2021, que no son otros que las hojas de ruta para dos materias de vital importancia en la coyuntura actual: las estrategias de salud mental y salud digital. Precisamente en el contexto presente dibujado por la pandemia y sus consecuencias tuvo lugar la última gran suerte de Pacto de Estado, la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de 2020.

Dictamen de reconstrucción y futuro

El grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública, dentro de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, consiguió aprobar con 165 votos a favor, 27 en contra y 89 abstenciones (entre ellas, la del PP) su dictamen final. A pesar de que la sintonía no fue completa entre los dos grandes partidos, incluyó más de 80 propuestas de las 326 enmiendas presentadas.

Ana Pastor (PP), en una imagen de archivo.

Durante el tiempo que la Comisión estuvo activa, aparecieron algunas voces ‘conocidas’ de ambos grupos y referentes en la cuestión del Pacto. “Si tuviera que pactar con usted tendríamos el pacto firmado”. Con estas palabras Ana Pastor se postuló entonces a favor del Pacto de Estado por la Sanidad en alusión a Martínez Olmos, entonces compareciente. El consenso, dijo, tenía que partir de la Cámara Legislativa, “porque aquí es donde está la representación popular y porque, representamos a todos”.

A pesar de todo lo convenido dentro de la citada comisión, ahora queda a expensas del actual Gobierno, y los que sigan en las siguientes legislaturas, dar cumplimiento a compromisos que no tienen un carácter vinculante. En este sentido, el debate de dos próximas legislaciones pondrá baremo al grado de concordancia de dos modelos de entender la sanidad.

Una de ellas tiene que ver con la tramitación del anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión. Otra, la propuesta de creación de un Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial. En ambas cuestiones ya se ha adivinado cierta distancia; aun así, los que aun confían en un hipotético Pacto por la Sanidad vigilarán los puntos que unen y separan a PSOE y PP con vistas a poder reeditar un nuevo intento en el futuro, esta vez, con un final feliz.


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