La prescripción de medicamentos biológicos debe realizarse por marca para asegurar la trazabilidad de éstos. Así reza la Orden Ministerial publicada en el año 2007, que insta a los profesionales a designar los tratamientos que elijan en la libertad de su ejercicio por el nombre comercial del fármaco.
Diez años después, algunos partidos políticos dudan de la pertinencia de seguir aplicando esta Orden Ministerial ya que consideran que en ese periodo de tiempo se ha generado la suficiente experiencia y resultados en salud. “Igual que en la política farmacéutica general vamos a la receta por principio activo, con los biológicos debería ocurrir algo similar”, explica Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. El diputado, además, preguntado por la vigencia actual de la Orden Ministerial, añade que “en los casos en los que se demuestre efectividad igual” entre medicamentos biológicos, debería derogarse.
Desde Podemos también creen que la Orden Ministerial ya no responde a los tiempos actuales y debería revisarse. “Se introdujo bajo el principio de prudencia que asegurara la trazabilidad de los biosimilares. Bien es cierto que esa trazabilidad es un valor a tener en cuenta pero en 2017, tras diez años de Orden Ministerial, se deben tener datos suficientes como para saber si sigue siendo preciso mantenerla o si supone un freno innecesario a la mayor introducción de los biosimilares en nuestro sistema sanitario”, argumenta Marta Sibina, portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Sanidad. Además, la diputada añade que “la seguridad del paciente y sostenibilidad del sistema son bienes a preservar, por lo que nuestra postura es revisar esa Orden Ministerial para que, si no existen problemas de seguridad, como creemos que no existen, pueda ser revocada”.
A la demanda de estos dos partidos no se unen ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Éste último, a través de su portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Jesús María Fernández, rechaza esta idea pero defiende que se dicten medidas que permitan el mejor desarrollo de los medicamentos biosimilares.
Otra de las aristas que afectan a estos medicamentos son las sustituciones automáticas que pretenden algunas comunidades autónomas a través de las centrales de compra. Ejemplo de estas iniciativas, como adelantó en exclusiva EG, son Castilla-La Mancha o Canarias. La primera de estas comunidades ha utilizado el principio activo somatropina para inducir al uso del biosimilar en todos los casos.
Por otro lado, desde el Ministerio se muestran convencidos de la pertinencia de favorecer la entrada al mercado de estos medicamentos pero también defienden la libertad de prescripción. “Estamos dispuestos a ayudar en el éxito de la introducción de los biosimilares en el sistema sanitario español colaborando con las asociaciones”, dice el secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza.
