Tras casi un año en funciones los cien días de cortesía brillarán por su ausencia. La nueva titular de la Sanidad española tiene deberes pendientes de la pasada legislatura más allá de los retos futuros a los que tendrá que atender. El primero de ellos es el Real Decreto de Precios y Financiación. La obra más trascendente de la legislatura pasada se quedó a las puertas de su publicación y será ahora cuando busque su anclaje legislativo. Junto a esta norma también está la posible modificación del Real Decreto-ley 16/2012. El presidente del Gobierno ya ha advertido que no dará marcha atrás en algunas reformas pero el Partido Socialista busca un remiendo que incluya la universalidad en la asistencia sanitaria. La nueva titular tendrá que negociar en este aspecto.
La ministra de Sanidad no podrá obviar los retos que se demandan también desde la oficina de farmacia. Las deducciones aplicadas tras el Real Decreto-ley 5/2000 deben recuperar aquel carácter temporal con el que nacieron y ver su fin más pronto que tarde.
Por último están los diferentes pactos sectoriales. Además de desarrollar los ya existentes queda por ver si Montserrat dará curso a la rúbrica tanto con los pacientes como con Aeseg.
Pactos sectoriales
El Real Decreto de Precios y Financiación no consiguió salir del cajón durante la pasada legislatura. Más allá de retomarse en los términos en los que descansaba el borrador conocido, el Gobierno tendrá que decidir si lo amplía en dos cuestiones básicas: medir la innovación y establecer criterios particulares para los medicamentos biológicos.
Tal y como avanzó EG, el Ministerio de Sanidad encargó a una universidad madrileña un protocolo para medir el grado de innovación de las nuevas terapias y tecnologías. El proyecto está terminado y a expensas de que la Administración lo reclame. El otro punto a reforzar de este Real Decreto es la regulación específica de medicamentos biológicos, como ya anunció el hasta ahora director de Farmacia, Agustín Rivero. La patronal de medicamentos biosimilares (Biosim) ya trabaja en un documento que presentará al nuevo ejecutivo con el objetivo de que se desarrolle dentro de este marco legislativo. Habrá que ver, para ambos casos, si la nueva titular de Sanidad lo considera necesario o no.
El Real Decreto- ley 16/2012 ha sido el texto más determinante del Ministerio de Sanidad durante la legislatura pasada. Ha sido tan respaldado por sus responsables como criticado por los adversarios políticos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya avanzó durante su discurso de investidura que no daría marcha atrás “a las reformas que han funcionado”. Pero el Partido Socialista presentará batalla. Ya ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición para “recuperar la universalidad”, uno de los puntos más controvertidos de la reforma liderada por Ana Mato.
El copago farmacéutico será otra de las batallas que se presentarán contra esta reforma. Ya en la pasada legislatura (la fallida), el grupo parlamentario de Podemos presentó una Proposición No de Ley en los que instaba a modificar los tramos hoy existentes. En aquella ocasión fue rechazada, pero el portavoz socialista de la Comisión de Sanidad, Jesús María Fernández, adelantó que su oposición respondía únicamente a que no se habían consensuado esos nuevos tramos.
Dieciséis años han pasado ya desde que a las farmacias se les presentase el RD 5/2000 (deducciones al sistema en función de sus ventas públicas) como una medida “temporal” para contribuir a la insostenibilidad del sistema… Que derivó en perpetuidad. Por ello, es habitual escuchar a los farmacéuticos reclamar la derogación de esta medida que solo en 2015 supuso un mordisco de más de 200 millones de euros a su facturación. ¿Será en esta legislatura? Incluso, hay consejeros de Sanidad —como el madrileño Jesús Sánchez Martos— que ya se han comprometido públicamente a plantearlo en un próximo Consejo Interterritorial.
Connotaciones económicas también tiene la lucha para que la botica sea el canal de dispensación de innovaciones y DH. La farmacia es consciente de que debe proponer fórmulas que generen los mismos ahorros que su dispensación en hospital. Por ello, no es descartable que Administración y Farmacia negocien un nuevo modelo retributivo para estas dispensaciones. Más difícil será abrir el melón de una nueva retribución global, menos ligada al margen y más a servicios.
Durante la X legislatura se firmó el Pacto con la Farmacia. De aquel documento, que sentaba las bases de la profesión a medio y largo plazo, todavía queda por hacer. La continuidad en el signo político del nuevo Gobierno hace esperar que no se debe perder mucho tiempo para seguir avanzando y consolidando aquella rúbrica de 2013. Aunque cabe recordar que dos años después de aquella rúbrica se publicó un borrador de la Estrategia Sociosanitaria que dejaba de lado a la Farmacia. Con el nuevo Gobierno se espera que el documento final respete la esencia del Pacto.
Junto a esta firma, debía haberse producido otras que no llegaron: el pacto con los pacientes y con la patronal de medicamentos genéricos. El primero responde a una promesa del ex ministro Alfonso Alonso que habrá que darle forma mientras que el segundo está consensuado y sólo falta la rúbrica. Además, el Ministerio también tendrá que confirmar que el pacto de sostenibilidad con Farmaindustria se mantiene, tal y como todo apunta al no haber un cambio de signo político.