El Fondo No Reembolsable de 16.000 millones de euros anunciado por el Gobierno supone una medida sin precedentes que permitirá a las comunidades autónomas atender los gastos sanitarios y sociales derivados del impacto de la pandemia por Covid-19. Aunque la mayor parte del fondo (más de la mitad) se destinará a Sanidad, su cuantía se ha visto reducida en mil millones de euros. Hacienda ha modificado los criterios de distribución del fondo y finalmente se inyectarán 9.000 millones en el sector sanitario en lugar de los 10.000 millones prometidos inicialmente.
De este modo, Sanidad recibirá un total de 9.000 millones de euros divididos en dos tramos. El primero, de 6.000 millones, se abonará en julio, mientras que el segundo tramo de 3.000 millones se transferirá en noviembre. En ambos casos se tendrá en cuenta el impacto de la pandemia en cada región y para ello los criterios de reparto se basarán en hospitalizaciones, ingresos UCI o PCR totales realizadas. Otra variable que se tendrá en cuenta es la población protegida equivalente.
Educación gana lo que pierde Sanidad
Los mil millones que dejará de recibir Sanidad, no se perderán, sino que se transferirán a Educación, un sector para el que se habilitarán finalmente 2.000 millones en septiembre (el doble de lo que iba a destinarse en un principio). Según el Gobierno, esta partida “es fruto de las conversaciones mantenidas con las comunidades”. Además, responde a “las peticiones de las familias” y servirá para reforzar los recursos de los centros educativos cuando España entre en la nueva normalidad.
Así, estos fondos “van destinados a dos grandes emblemas de este Gobierno: la educación y la sanidad”, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo que sí se mantendrá será la cantidad prometida de 5.000 millones por la caída de la actividad económica.
Las reacciones de las comunidades
Cuando el Gobierno anunció “la mayor transferencia directa de liquidez que jamás han recibido las comunidades autónomas”, las autonomías celebraron esta medida sin precedentes. La mayoría puso sus expectativas por las nubes, pero la nueva forma de reparto por la que se prima a las comunidades que han tenido más contagios y a las que tienen más población, ha provocado el descontento y disconformidad entre las comunidades que salen más perjudicadas.
Sin embargo, para la ministra Montero, que “ningún territorio esté plenamente contento” es “síntoma de un reparto equitativo y justo”.
Durante las últimas semanas, Hacienda ha escuchado las propuestas de las CC.AA y los distintos partidos políticos. Precisamente, con la prevalencia del criterio de población, se responde a la petición de la Comunidad Valenciana (PSOE), quien da la bienvenida a esa rectificación. Para el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), es un “reparto justo, razonable y adecuado”.
En Madrid y Andalucía, dos de las comunidades más pobladas en España, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juan Manuel Moreno, ambos del PP, tampoco han tenido queja en cuanto a los cambios de criterios.
Las áreas rurales, las más críticas
Sin embargo, Cataluña, otra de las comunidades con mayor peso población, sí ha mostrado un gran malestar por “los vaivenes” del Ejecutivo. Quim Torra cree que se perderán “decenas de millones de euros” y reclama 15.000 millones para “no ahogar a Cataluña”. La ministra Montero ha reprochado la expresión del catalán: “No tiene más valor que su descontento permanente”. Por su parte, Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha añadido que nunca ha habido una “pretensión de invasión ni recorte de competencias, sino todo lo contrario: en la fase 3 (de la desescalada), las comunidades tienen plena competencia de gestión”.
Las áreas más rurales han sido las más críticas. La pandemia ha hecho grandes estragos en Castilla y León, Castilla-La Mancha o La Rioja, pero cuentan con una densidad de población más baja. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), dice que se “castiga a las comunidades más afectadas por la Covid-19”.
También el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla ha protestado por el incremento del peso de la población, pues no beneficia a Cantabria, que tiene “un coste de servicios públicos más elevado” que otras regiones.
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