Tras la luz verde del Consejo de Ministros, el Ministerio de Sanidad ha sacado este miércoles a audiencia pública el anteproyecto de Ley de los Medicamentos. Se podrán realizar aportaciones desde este mismo 9 de abril hasta el día 30 de este mes.
El documento, de más de 300 páginas, pretende adaptarse a la realidad actual del sector farmacéutico tras el avance de la ciencia y la tecnología, la rápida llegada de innovación o los cambios producidos por la pandemia de COVID-19. De este modo, la ley refleja la necesidad de un acceso oportuno a nuevos tratamientos que, “en ningún caso debería interferir con los procesos de toma de decisiones sino favorecerlos con conocimiento adicional”. Del mismo modo, su objetivo es contar con un “sector potente competitivo, resiliente y basado en la investigación” para dar una mejor respuesta a las necesidades de los pacientes y al interés estratégico de la salud pública.
En este sentido, el texto señala que “los sistemas sanitarios se ven en la tesitura de incorporar la innovación, cada vez sujeta a una incertidumbre mayor, y a precios cada vez más altos ante la expectativa –en ocasiones incierta– de una solución a necesidades médicas no cubiertas”. Así, “son necesarias aproximaciones nuevas con la participación de todos los agentes implicados y con una visión que abarque el espectro completo de las tecnologías sanitarias”.
En definitiva, tal y como expuso la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la nueva norma tiene tres objetivos fundamentales: “modernizar el ecosistema de los medicamentos y adaptarlos al siglo XXI, incorporar todas las lecciones que nos dejó la pandemia en lo que autonomía estratégica y reservas estratégicas se refiere y mirar al futuro, no solo de las necesidades de los pacientes, sino también de la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario”, enumeró García.
Nuevo SPR y un sistema de precios seleccionados
Uno de los puntos más ‘calientes’ de la norma es el que versa acerca de los precios de los medicamentos. Por un lado, Sanidad quiere modificar el Sistema de Precios de Referencia (SPR) para hacerlo más “flexible”. Por ello, se busca lograr un sistema mediante el cual los medicamentos que forman parte de una agrupación homogénea podrán diferenciarse de precio, fomentando la competitividad del sector y garantizando unos precios más asequibles para la población y para el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Asimismo, se introducirá la posibilidad de excluir del SPR medicamentos que puedan considerarse estratégicos, así como de revisar el precio de algunos medicamentos al alza en el caso de que concurran circunstancias que pongan en riesgo el suministro al SNS.
Y, por otra parte, se incluirá el sistema de precios seleccionados, que “favorecerá la competencia entre las compañías en sus ofertas al SNS para una serie de medicamentos, dentro de las agrupaciones homogéneas, obteniendo un precio más reducido, y garantizando siempre el suministro al SNS de los medicamentos que formen parte de los precios seleccionados”.
Descontento en el sector
Sin embargo, estas medidas no convencen al sector. Tanto la industria como la Farmacia se han posicionado en contra del nuevo sistema de precios. Farmaindustria, AESEG, anefp, BIOSIM, AELMHU y AFAQUIM han firmado un comunicado conjunto en el piden volver al camino marcado en la Estrategia de la Industria Farmacéutica. Y es que consideran que el sistema de precios seleccionados “generará una tendencia automática a minimizar precios de medicamentos fuera de patente, haciendo inviable la continuación de muchas líneas de producción de medicamentos en España e intensificando los actuales problemas de suministro de medicamentos, en un mercado ya muy tensionado en España y en Europa”. De hecho, fuentes de Farmaindustria apuntaron a El GlobalFarma, que supondrá “un cambio de modelo radical que impactará muy negativamente de forma estructural en el tejido industrial farmacéutico de nuestro país”.
Mientras, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) pronostican una reducción del número de oficinas, pérdida de empleos y faltas de suministro a consecuencia de la normativa en caso de no modificarse en el trámite de consulta. El nuevo modelo de selección de fármacos por el que se elegirá cada seis meses el medicamento o medicamentos más baratos de cada tipo (agrupación homogénea) y deben ser dispensados, ha provocado el rechazo de los farmacéuticos. “Si a un paciente le prescribieran un medicamento que no es el seleccionado, el farmacéutico debería sustituirlo por el seleccionado o el paciente tendría que abonar la diferencia de precio”, alertan. A su vez, el CGCOF advierte de que esta situación reduciría la adherencia a los tratamientos e incrementaría el riesgo de errores y problemas asociados al uso de los medicamentos.
