Joan Carles Bailach, abogado de Faus & Moliner
Joan Carles Bailach, abogado de Faus & Moliner

Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y acceso a medicamentos innovadores son dos caras de la misma moneda que, sin duda, serán el gran reto de las administraciones y la industria en los próximos años. Esta es una de las ideas que planteé en el marco de la jornada que organizó la Fundación CEFI, el pasado 31 de enero, en la que se presentaron propuestas para innovar en el acceso a los medicamentos en el SNS.

Tras la intervención inicial, en la que defendí que la garantía de confidencialidad de las condiciones de financiación de los medicamentos contribuye a lograr que los medicamentos de la prestación farmacéutica estén disponibles -accesibles- en mejores condiciones, se planteó una cuestión sobre la que merece la pena detenerse y reflexionar.

El magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo, a la sazón moderador de la mesa donde se estaba debatiendo esta cuestión, planteó de qué forma es compatible la transparencia en materia de evaluación y fijación de precios de los medicamentos con la confidencialidad exigida por parte de las compañías farmacéuticas. Sin duda una pregunta muy interesante y que permite aportar algunas reflexiones al respecto.

En mi opinión, se puede compatibilizar perfectamente la transparencia en materia de evaluación y fijación de precios con la garantía de confidencialidad de las condiciones de financiación de los medicamentos. Es decir, que la confidencialidad no está reñida con la transparencia del uso de los recursos públicos y en los procesos de decisión. Esto no es una mera afirmación sin fundamento, sino que el Ministerio de Sanidad está adoptando acciones concretas destinadas a transparentar y visibilizar el porqué de las decisiones adoptadas en materia de financiación de medicamentos (ej. los nuevos IPT incluyen un apartado de evaluación económica del coste-efectividad de los medicamentos, los Acuerdos de las actas de la CIPM se publican en la web del Ministerio de Sanidad o las novedades introducidas en la base de datos BIFIMED sobre el estado de financiación de los medicamentos, entre otras).

En este debate concurren diversidad de intereses, tanto públicos como privados, que deben ser valorados al analizar si se debe mantener confidencial la información relativa al precio y las condiciones de financiación. Los intereses públicos están representados por una utilización racional de los recursos públicos y por el mantenimiento de la sostenibilidad financiera del SNS que, al final, redunda en un acceso a los fármacos en mejores condiciones.

Por este motivo, cuando efectuamos la ponderación de los intereses en juego, parece claro que debe prevalecer el derecho de los pacientes a ser tratados con los mejores fármacos y para ello es necesario un SNS robusto y sostenible. En consecuencia, es necesario seguir apostando por la confidencialidad del precio y las condiciones de financiación de los medicamentos como una herramienta útil para acceder a medicamentos en mejores condiciones.