Si realmente hay reforma constitucional durante esta legislatura, algo que todavía está por ver, casi de seguro no será para incluir la salud como un derecho fundamental. La conmemoración del 38º aniversario de la aprobación de la Constitución no ha servido para arrojar luz sobre este punto, sino más bien como espacio para la política de gestos simbólicos.
En un momento en el que los grupos buscan su sitio en el nuevo Parlamento, si para algo ha servido el debate del 6D sobre si modificar o no el estatus de la salud en la Carta Magna ha sido para alimentar la marca de partido, la seña de identidad que tanto parecen necesitar. En el nuevo escenario en el que se mueven, el PP sigue esforzándose en presentarse como el garante de la sostenibilidad del sistema; el PSOE sigue esforzándose en demostrar que es oposición; Podemos sigue esforzándose en demostrar que es la única oposición real; y Ciudadanos sigue esforzándose en mantener un difícil equilibrio en tierra de nadie, dividido entre sus ideas y el acuerdo firmado con el PP.
Llevar a cabo este cambio permitiría aplicar el derecho fundamental a la salud ante los tribunales, además de cimentar la universalidad de la asistencia. Al pretender además que la Sanidad aparezca en la Carta Magna no solo desde el punto de vista de la garantía del sistema público de salud, sino desde la garantía de su financiación, también se está lanzando otro mensaje: que la sanidad sea considerada como una inversión y no como un gasto.
Desde luego, modificar el estatus de la salud en la Constitución sería una buena forma de acabar con la discusión sobre la universalidad del sistema sanitario y de blindar su financiación. Sí, soñar no cuesta nada. Pero la realidad es que no hay consenso en torno a esta reforma constitucional. Y sin un consenso es imposible plantearla siquiera. No hablamos de un proyecto de ley cualquiera. Habrá que lidiar con la universalidad y con la financiación de otra manera.
En lugar de postureos magnos, los partidos deberán esforzarse en garantizar la sostenibilidad, la calidad y la universalidad del sistema con gestos más pequeños y también más prácticos. Empecemos por los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y con la urgente reforma del sistema de financiación.
