El ‘timing’ que exigen determinadas normas que dan fuste a la sanidad en nuestro país no siempre se alinea con el ritmo que en la práctica existe. La necesidad de una mayor premura en este sentido afecta de pleno al enésimo ‘lifting’ que plantea recibir la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos —nueva Ley del Medicamento—, cuya consulta pública finalizó el pasado 31 de julio.
EG recuerda en sus páginas que el nuevo lavado de cara es precisamente una de las grandes tareas pendientes del Gobierno en este ámbito. Desde que se planteara dentro del Plan Anual Normativo del Ejecutivo ha pasado más de medio año y los pasos dados no invitan al optimismo en cuanto a su celeridad.
La pandemia es precisamente el espejo en el que mira el sector en busca de respuestas a la expectativa de plazos. De esta manera, un fiel reflejo se encuentra en el anteproyecto de Ley para la creación del Centro Estatal de Salud Pública. Su impulso definitivo surgió al calor de una Comisión de Reconstrucción cargada de consenso en 2020; el inicio de su consulta pública cumplirá este mes un año; y no ha sido hasta finales de agosto que ha recibido visto bueno del Consejo de Ministros, pendiente aun así, todavía, de su tramitación parlamentaria.
Con la legislatura cada vez más cerca de agotarse, el Ministerio de Sanidad necesita convertir la nueva Ley del Medicamento en prioridad para regular la herencia y aprendizaje de la COVID-19, una etapa en la que la farmacia ha dado pasos en firme para acercar el servicio prestado por la botica a los domicilios.
Con la legislatura cada vez más cerca de agotarse, Sanidad necesita convertir la nueva Ley del Medicamento en prioridad
Si bien el tiempo se antoja una variable importante, también lo es la manera a través de la cual se configure este ‘rediseño’ en tiempo de Real Decreto. Volviendo a rescatar el espíritu de la Comisión de Reconstrucción, sacar adelante esta ley habría de lograr este consenso en fondo y forma jurídica en sede parlamentaria, una vez que se hayan incorporado las alegaciones ya recibidas por parte de todos los agentes.
Solo de este modo es posible actualizar una norma que sea capaz de perdurar en el tiempo, teniendo en cuenta que los últimos retoques datan de 2015. Una aspiración en la mente de todos y un objetivo a cumplir antes de la convocatoria de unas nuevas elecciones.
