El sector farmacéutico español es uno de los más regulados que existen. Ninguna regulación es perfecta, pero hay ocasiones en que ineficiencias acumuladas durante años, agravadas por la resistencia o dificultad de actualizar esas normas, han llevado a generar efectos perversos conocidos y reconocidos. Uno de los más graves es la inseguridad jurídica. Nada peor que la incertidumbre en un sector en el que la predictibilidad debería ser la norma que rige las inversiones. Dos ejemplos muy claros están hoy encima de la mesa, con sendas propuestas que hacen pensar si no hubiera sido más razonable optar por la prudencia antes que por la premura en su publicación.
En el caso de la orden de precios de referencia, los motivos por los que se hace preciso hablar de incertidumbre son bien conocidos: la industria tiene problemas para saber en qué conjunto serán incluidos ciertos productos o cómo se toman ciertas decisiones —precios ponderados, por ejemplo—, lo que le sitúa en situación de indefensión. Quizá con el pretexto de que aún no se ha publicado el pendiente nuevo Real Decreto de precios de referencia, la orden de 2018 ha insistido en situaciones que generan situaciones, no sólo innecesarias, sino también indeseables.
En cuanto al proyecto de Real Decreto que regula los criterios de financiación de los productos sanitarios que vayan a ser incluidos en la prestación farmacéutica del SNS para pacientes no hospitalizados, la pregunta más importante que toca hacerse es la de por qué qué estamos dotando al producto sanitario de una arquitectura que reconocemos que ya no es válida para el medicamento. Quizás hubiera sido más razonable una regulación conjunta, estableciendo los parámetros de futuro.
Cabe la posibilidad de que esta situación no esté sino evidenciando la dificultad de evolucionar hacia un sistema en el que el coste-valor del producto tenga más peso y que introduzca de forma más potente la evaluación económica. Si la dificultad de encontrar una fórmula que satisfaga a todos es precisamente el motivo por el que se está demorando el Real Decreto de Precios y Financiación de Medicamentos, entonces razón de más para haber sido más cauto y haber esperado a una regulación conjunta de la toma de decisiones y bajo criterios más modernos y actuales.
Uno de los efectos perversos más graves de la regulación es la inseguridad jurídica
