Los lectores de EG conocen nuestro compromiso respecto a la prevención de la COVID-19 y la defensa de la puesta a disposición de profesionales y ciudadanos de todas aquellas herramientas que, con seguridad y eficacia, aumenten la capacidad diagnóstica y detección precoz de casos.
Por ello, es de celebrar que desde el pasado 22 de julio las farmacias puedan por fin dispensar sin exigencia de receta test autodiagnósticos de anticuerpos y antígenos de COVID-19. Los primeros días de este libre acceso han dejado patente dos cuestiones: por un lado, que existía una demanda social real —por el ritmo de dispensaciones— y, por otro, que este acceso es seguro si se lleva a cabo en un establecimiento sanitario como es la farmacia.
Ahora bien, la entrada en vigor de la medida, aunque satisfaga, tampoco puede obviar el retraso en su puesta en marcha. Ni respecto al contador de la pandemia —hace más de 500 días que irrumpió el SARS-CoV-2— ni respecto a la comparativa con Europa, donde los ciudadanos de la mayoría de países ya tienen acceso desde hace meses a estas pruebas.
¿Spain is different? Parece haberlo sido. Queda cierta sensación de que el Ministerio de Sanidad nunca ha ‘comulgado’ al cien por cien con este libre acceso y solo ha cedido ante el clamor profesional y popular. Aunque la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, argumentase que “es ahora el momento oportuno”, por la mayor disponibilidad en el mercado de estos productos y a precios más asequibles .El RD 588/2021 de venta de pruebas diagnósticas vuelve a dejar una de cal y otra de arena para la profesión farmacéutica. La de cal, se atiende esa petición unánime del sector. La(s) de arena, cierto ninguneo explícito en su contenido y puesta en marcha. Por ejemplo, no se ha producido ninguna manifestación pública desde el Ejecutivo —como sí se ha hecho desde las CC.AA— animando a la realización in situ en las farmacias de estas pruebas, a fin de contar con el asesoramiento y supervisión de un profesional sanitario.
Tampoco se ha atendido en el texto el ofrecimiento de los farmacéuticos de asegurar la trazabilidad de los resultados y, en concreto, la notificación de casos positivos al SNS a través de las boticas. Un ‘mutis’ que ya están paliando las CC.AA a iniciativa propia estableciendo protocolos con los colegios farmacéuticos para asegurar estas notificaciones.