Cualquier remo que se pueda incluir en una embarcación a la deriva es bienvenido. La violencia de género continúa siendo una lacra social a combatir y la unión de cualquier profesional (más allá de la policía o los jueces) que se una a la causa es bienvenida. El Congreso de los Diputados aprobó hace unos días el Decreto-ley 9/ 2018 de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el que si bien los profesionales sanitarios no son citados directamente sí que existe unanimidad en la Cámara Baja para que su papel sea fundamental.
Las principales sociedades médicas que representan a los profesionales de atención primaria coinciden en que su rol es innegable. “No podemos estar más de acuerdo en que tenemos y debemos participar en el diagnóstico de la violencia de género, ya que además de un grave problema social, es un problema de salud”, asegura Lorenzo Armenteros, responsable del Área de Salud de la Mujer de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
Sin embargo, si bien se reconoce que su papel es fundamental, advierten de que la legislación que finalmente los incluya debe hilar fino. “Debemos tener en cuenta que los médicos solo debemos informar de lo que observamos y de los indicadores que tenemos. Ni somos jueces ni tenemos que enjuiciar a nuestros pacientes. Ese es un riesgo que tenemos que evitar y no caer en la trampa de dar o no veracidad a los hechos”, advierte Carlos San Martín, coordinador Nacional del Grupo de trabajo de Sexología de Semergen.
Pero además de estas consideraciones legales, la coincidencia entre los profesionales es la necesidad de dotar de mayores medios y formación específica para que el trabajo que realicen sea útil para las víctimas de la violencia machista. “La participación es muy diferente dependiendo de la comunidad autónoma en la que se trabaje pero, en la mayoría de los casos, las participaciones son actos individuales más que una actuación coordinada de colectivo. Se nos debe dotar de mecanismos jurídicos, de tiempo y de formación específica, para la acreditación. Ninguno de estos aspectos son complejos, dependen más de la voluntad e iniciativa política y sanitaria que de grandes inversiones económicas”, señala Armenteros.
Su opinión también es respaldada por San Martín, quien señala al tiempo como principal hándicap. “La escasez de tiempo limita mucho una buena intervención de los profesionales de la atención primaria en situaciones de violencia de género. Pese a ello el compromiso de éstos es cada vez mayor”, resalta.
La formación sería la otra pata que debe dejar de cojear con una actuación política decidida. “Es necesaria una formación específica que incremente el diagnóstico. Con el desarrollo de la práctica clínica se adquirirán habilidades que incrementen la intuición ante posibles casos, ya que el perfil de mujer que sufre violencia es muy variado y sus manifestaciones sintomáticas también”, asevera Armenteros. Por su parte, San Martín añade que “las administraciones tienen que asumir el compromiso de la formación continua de los profesionales de forma inequívoca y responsable, cosa que hasta este momento resulta cuestionable”.
Comienza el recorrido parlamentario
Una vez respaldado el Real Decreto- Ley, el Congreso de los Diputados ha acordado tramitar por el procedimiento de urgencia un proyecto de ley que permita introducir enmiendas a los grupos parlamentarios. El objetivo es que esté listo a lo largo del otoño para que las nuevas iniciativas se puedan llevar a cabo desde inicios de 2019.
SEMG
“No podemos estar más de acuerdo en que debemos participar en el diagnóstico de la violencia de género”
Semergen
“Se debe tener en cuenta que los médicos informamos de lo que observamos; no somos jueces”
