La ministra de Sanidad ha reconocido la falta de financiación que sufre la sanidad española. No es ni mucho menos un problema nuevo, es más bien un mal endémico que no debe permitirse un sistema que lucha por ser de los mejores del mundo. Pero las palabras de la ministra llevan implícitas una especie de chantaje que no es admisible: aprueben los presupuestos y todo acabará. Ni es cierto ni es condición para trabajar por una mejor financiación de la sanidad.
Aprobar los presupuestos, o mejor dicho aceptar el nuevo objetivo de déficit, permitirá a las comunidades autónomas disponer de 2.500 millones más para sus presupuestos. Eso sí es cierto. Pero es mucho aventurar sin conocer todavía ningún proyecto autonómico que gran parte de ese montante lo disfrutará la sanidad. Pero es que además esos 2.500 millones no son suficientes y es tan sólo un parche que oculta el gran problema: abordar de una vez por todas la reforma del sistema de financiación que dio sus primeros pasos en 2017 pero que nadie se acuerda ya de ellos.
Pero además, la ministra podría hacer algo más para trabajar por una sanidad suficientemente financiada. En los estertores del Gobierno de Mariano Rajoy, y después de una gran presión de las comunidades autónomas, sobre todo las regentadas por el PSOE, la por entonces ministra Dolors Montserrat convocó el Consejo Interterritorial monográfico sobre financiación. Es una tarea que debería recuperar Carcedo para demostrar que su reconocimiento sobre la infrafinanciación no se pierde entre las paredes del Senado. Es urgente conocer los problemas particulares de cada comunidad y trabajar por un sistema que no se desangre por el lado más injusto, la falta de equidad por motivos puramente económicos.
Una vez solucionado este problema los demás serán menores. Se puede entender que medidas como la universalidad son más rápidas (sobre todo si se utiliza el Real Decreto-ley) y tienen una acogida mejor. Pero si se pusiera en una pirámide jamás sería la base porque para asegurarla hay que tener mimbres económicos que la aseguren. Todos los Gobiernos deberían comenzar a solucionar primero los problemas que tienen que ver con el margen presupuestario para, una vez solucionados, emprender la agenda social que prometen en sus programas electorales.
