La Directiva de Aguas Residuales, pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), ha suscitado preocupación en el seno del sector de la industria farmacéutica y del autocuidado. Uno de los puntos más críticos es que establece que la contribución a la financiación de la responsabilidad ampliada del productor “debe ser proporcional a la cantidad de sustancias puestas en el mercado por los productores, así como por la peligrosidad de las mismas”. Las estimaciones realizadas por la Comisión Europea sobre el coste del tratamiento cuaternario de las aguas alcanzan los 238 millones de euros. Sin embargo, la Agencia de Medio Ambiente de Alemania estimó que dicho coste oscilaba entre 885 y 1.025 millones de euros anuales.
Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp), explica a El GlobalFarma que la directiva “debe ser concreta, rigurosa y transparente” y que todos los sectores productores, cuyas actividades podrían repercutir de forma negativa en el estado de las aguas residuales, “deben estar comprometidos y participar en la minimización de los riesgos para el medioambiente”. Igualmente, muestra preocupación por los plazos de implementación que se fijan en ella, considerándolos “muy ajustados y poco realistas”.
Según Pey, los principales desafíos para el sector de autocuidado son, en primer lugar, la contribución a alcanzar el objetivo pretendido en la directiva de reducir la contaminación de las aguas, “objetivo que solo podrá cumplirse con la contribución de todos los productores que ponen sustancias en el mercado que generan microcontaminantes, y después con la colaboración conjunta con todos los agentes implicados para encontrar las infraestructuras, la tecnología y la gobernanza necesarias para conseguirlo de manera eficaz”.
En segundo lugar, subraya que al sector de autocuidado “le preocupa conocer el alcance real de los requerimientos de la directiva en relación con la responsabilidad ampliada del productor (RAP), ya que se desconoce con exactitud el número de plantas de tratamiento de aguas en las que deben implementarse filtros cuaternarios, así como el coste que supondrá la implementación de los mismos en cuanto a infraestructuras o tecnologías. En tercer lugar, consideran de gran relevancia la gobernanza del sistema. Por tanto, “abogamos por la creación de una mesa de diálogo en la que puedan participar todos los actores implicados, desde los sectores afectados por la RAP, una autoridad competente supervisora y los agentes implicados del sector de las aguas residuales urbanas”.
A continuación, considera que “para el sector es crucial clarificar durante la transposición cada una de las incertidumbres que deja abiertas la directiva, pasando por los costes de la implementación del sistema RAP, la gobernanza del sistema o la metodología para poder evaluar qué sustancias quedan exentas de la RAP por haber demostrado que son biodegradables o no generan microcontaminantes que lleguen a las plantas de tratamiento de aguas residuales”.
Respecto a los aspectos de la gobernanza del proceso, desde anefp advierten que para conseguir que sea lo más ágil y eficiente posible, “proponemos la creación de un SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor) único, que englobe a todos los sectores implicados, y que lidere el diálogo con un único representante de todos los organismos competentes”. “Desde anefp también apuntamos la necesidad de que desde Europa se promueva la armonización de los SCRAPS en los diferentes países europeos, consiguiendo así facilitar la gobernanza del sistema y lograr el objetivo de la directiva de tener aguas libres de microcontaminantes en toda la Unión Europea”, apuntala Pey.
Por otra parte, el sector del autocuidado apuesta porque los procesos y tramitaciones “sean sencillos, comprensibles y eficientes, evitando cargas burocráticas innecesarias para las compañías, y que los costes derivados de la RAP sean transparentes y auditables“. Para ello, Pey toma como referencia el ejemplo de SIGRE, un sistema de gestión de residuos de medicamentos y envases de medicamentos, del que argumenta que es “pionero en Europa y ejemplar en la solución a la gestión de estos residuos en nuestro país, a través de un sistema basado en la claridad y transparencia”. Finalmente, el director general de anefp ha querido dejar constancia, una vez más, del compromiso del sector de autocuidado con la salud de las personas y la salud del planeta, lo que conlleva poder mantener las aguas limpias y en buen estado.
Tres patronales trabajando juntas
En este sentido, las tres patronales más importantes del sector, Farmaindustria, anefp y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), están trabajando conjuntamente, y con los ministerios de Transición Ecológica e Industria, para presentar sus alegaciones a la directiva. Más allá de eso, la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de la Industria Europea del Autocuidado de la Salud (AESGP, por sus siglas en inglés), reconocieron, “con algunas reservas”, a través de un comunicado, la aprobación de la misma. Aunque las asociaciones apoyan sus objetivos generales y están plenamente comprometidas a contribuir a su aplicación efectiva, eficiente y gestionable, admitieron estar “extremadamente preocupados por su impacto negativo en el acceso de los pacientes a los medicamentos y en la competitividad global de nuestros sectores”.
Ambas organizaciones advierten que estas preocupaciones tienen eco en toda la Unión Europea, con 16 Estados miembro que han publicado declaraciones políticas con la aprobación de la misma. “Algunas subrayan la necesidad de respetar plenamente el principio de ‘quien contamina paga’, mientras que otras muestran su preocupación por los costes de aplicación de RAP, por el hecho de que solo dos sectores sean designados para financiar estos costes, y por el impacto no deseado en la disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos”, argumentan. A continuación, confirman que “muchas declaraciones también piden a la Comisión Europea que lleve a cabo una evaluación de impacto urgente sobre la directiva que salió de las negociaciones a tres bandas, centrándose especialmente en el impacto sobre los medicamentos”.
Como reflejó la patronal de la industria farmacéutica europea en su comunicado, el sector ya ha mostrado su disposición a afrontar la parte correspondiente de impacto de su actividad en el agua. Sin embargo, “la decisión arbitraria de seleccionar únicamente a este sector y cosmética para pagar la limpieza de microcontaminantes de todos los sectores contradice los principios clave de los Tratados de la UE: quien contamina paga, proporcionalidad y no discriminación”. A continuación, la EFPIA expresó que la Comisión Europea (CE) “ignora por completo el impacto de otros sectores”, que la propia CE identificó como fuentes de microcontaminantes. “Un enfoque tan desproporcionado no incentivará el desarrollo de productos más ecológicos y podría multiplicar el riesgo de interrupciones en el suministro de medicamentos críticos, de manera particular en los productos fuera de patente”, admite.
Si bien la CE atribuye el 92% de la carga tóxica de microcontaminantes a los medicamentos y productos cosméticos, en ningún momento se ha facilitado por parte de la autoridad europea cómo se ha determinado esta cifra. De hecho, la EFPIA maneja una mucho menor: en torno al 10%.
