Las empresas del Sector de Tecnología Sanitaria muestran su preocupación por la actual crisis mundial de suministros que está limitando la disponibilidad de materias primas y componentes electrónicos, así como por el incremento impredecible y sin precedentes de los costes de las materias primas, de la energía, de la cadena logística/de transporte y laborales.

Por ello, mientras continúan trabajando para minimizar los efectos de esta situación, las compañías de Tecnología Sanitaria solicitan a las administraciones un ‘plan de choque’ que permita garantizar el acceso de los pacientes y profesionales sanitarios a la tecnología sanitaria de calidad.

“En el marco de una inflación disparada y sin precedentes, el impacto del incremento de los costes en la actividad del Sector de Tecnología Sanitaria está provocando la falta de viabilidad de muchos contratos” indica María Vila, presidenta de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

Ante esta situación, Vila apunta a que ”es preciso asegurar el acceso de los pacientes a productos de primera necesidad que permiten diagnosticar y tratar sus enfermedades, por lo que resulta necesario garantizar la sostenibilidad de este sector estratégico y esencial para el correcto funcionamiento de la actividad asistencial”.

“El impacto del incremento de los costes en la actividad del Sector de Tecnología Sanitaria está provocando la falta de viabilidad de muchos contratos”

Por ende, las empresas del Sector de Tecnología Sanitaria solicitan la puesta en marcha de un ‘plan de choque’ que habilite mecanismos de indexación de costes que permitan mantener el equilibrio económico-financiero de los contratos con las administraciones públicas.

“Es prioritario el diseño de nuevos modelos de adquisición de Tecnología Sanitaria que contemplen la flexibilización de los precios de los contratos públicos, con el fin de adecuarlos a los incrementos de costes que se están produciendo y a las potenciales reducciones de costes que se puedan producir”, apunta Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin.

Cabe recordar que, en 2017, —a través de un Real Decreto que desarrollaba la Ley de Desindexación de la economía española— se modificó el mecanismo tradicional de la contratación pública, desvinculando los precios de los contratos del IPC. Con ello, las administraciones públicas garantizaban que los precios fueran fijos en los contratos plurianuales, lo cual cerró la puerta a cualquier actualización de la evolución de sus costes durante la vida de dichos contratos. Ahora bien, la propia Ley de Desindexación recoge expresamente que la indexación debe ceñirse a casos en los que sea necesario y eficiente; en particular, vinculando la evolución de los precios a la de los costes de producción.

En este sentido, es importante tener en cuenta que la falta de disponibilidad de materias primas y componentes electrónicos está afectando al Sector de Tecnología Sanitaria, impidiendo en algunos casos cumplir los plazos de entrega de sus productos, situación ante la que no se deberían imponer penalizaciones a las empresas. 

“Es prioritario el diseño de nuevos modelos de adquisición de Tecnología Sanitaria que contemplen la flexibilización de los precios de los contratos públicos”

Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin

IVA reducido y Plan de industrialización

La crisis global de suministros, y sus consecuencias aparejadas, es una de las grandes preocupaciones del Sector que Fenin está trasladando a los decisores políticos dentro de un ciclo de reuniones con las administraciones en un marco que continúe impulsando la colaboración público-privada. Así, recientemente, se han mantenido encuentros con diferentes consejerías de Hacienda y Sanidad a lo largo del territorio.

Las empresas solicitan mecanismos de indexación de costes que permitan mantener el equilibrio económico-financiero de los contratos con las administraciones públicas

En estas reuniones, los decisores regionales también han podido conocer otras propuestas de Fenin que también contribuirían al equilibrio económico-financiero de los contratos y una mayor eficiencia basada en la colaboración público-privada. Es el caso, por ejemplo, de la aplicación de un IVA reducido permanente a todos los productos sanitarios que permitiría disponer de 1.000 millones de euros para renovación tecnológica e incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los pacientes o la puesta en marcha de un Plan de industrialización del Sector de Tecnología Sanitaria apoyándose en mecanismos de financiación como los Fondos Next Generation UE que fortalezca el tejido industrial nacional.


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