El pasado 29 de diciembre tuvo lugar la firma del Convenio que renueva para 2017 el Protocolo de Colaboración acordado en noviembre de 2015 entre Farmaindustria, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Al acto de la rúbrica, celebrado en la sede ministerial de Sanidad, acudieron los ministros Cristóbal Montoro (Hacienda) y Dolors Montserrat (Sanidad) y el presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo.
En esta edición el Convenio incluye una novedad: La creación de una comisión de seguimiento en la que estén representados industria, Gobierno y Comunidades Autónomas (CC.AA). Este es el gancho para que se sumen al pacto el resto de CC.AA, que aún no lo han hecho en anteriores ocasiones — Asturias, Galicia, País Vasco y Navarra —, las adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) están obligadas a hacerlo y otras como Madrid, Castilla y León o La Rioja lo hicieron motu proprio.
El pacto, al igual que los anteriores, prevé una duración de doce meses y la posibilidad de renovación anual hasta un máximo de tres años. Se vertebraba sobre la conciliación de los objetivos del Estado sobre déficit público y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), las necesidades sanitarias y farmacéuticas de la población. Lo que obliga a acompasar el crecimiento del gasto público en medicamentos al del PIB. En el caso de que se sobrepase el umbral previsto, Gobierno y Farmaindustria se comprometen a hacerlo compatible, incluidas compensaciones económicas por parte de la industria.
En este sentido Jesús Acebillo recordó que este pacto es “muy exigente” con la industria, puesto que obliga a que un sector que “lleva en sus genes la necesidad de crecer” acompase su crecimiento al de la economía del país. Además recordó que el pacto tiene sentido sólo ante las excepcionales circunstancias económicas que vive el país. “Sectores tecnológicos con gran efecto de arrastre y potencial de crecimiento, como el sector farmacéutico, deben de aportar y maximizar esa capacidad de arrastre, evitando en paralelo deteriorar sus ratios evolutivos sobre el PIB”, apuntó.
Por su parte la ministra Montserrat abogó por “extender este modelo de colaboración a otros proveedores sanitarios”. Una clara alusión a las empresas que conforman otras patronales como la de tecnología sanitaria (Fenin), industria del genérico (Aeseg), biotecnológica (Asebio), biosimilares (Biosim), aseguradoras y hospitales privados. La ministra reconoció los contactos pero aseguró que están en una “fase incipiente”
Por otro lado, Montoro anunció que el Gobierno terminará el año abonando las facturas a las CC.AA. correspondiente al pago a proveedores en Sanidad, Servicios Sociales y Educación por un valor de 3.080 millones de euros. Además adelantó que en enero de 2017 también se liberarán otros 1.400 millones de euros para este mismo menester.
