La colaboración de la industria farmacéutica, las administraciones públicas, los organismos reguladores, universidades y centros de investigación y pacientes es crucial para el desarrollo de soluciones innovadoras. Se trata de acuerdos que aportan beneficios al sector público en términos de reducción de costes y de riesgos en proyectos de provisión de servicios de salud, mientras que para el sector privado representan oportunidades de negocio. Durante el XV Congreso Nacional de la Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica (AMIFE), diversos expertos han puesto sobre la mesa cuáles son los retos y las barreras que quedan por superar en este ámbito.
La mejora de infraestructuras se articula como uno de los retos. “Hay dos aspectos que pueden limitar la colaboración público-privada a medio y largo plazo: la infraestructura. Con la inversión que estamos planteando, y que ya hemos incluido dentro del PERTE para la Salud de Vanguardia, nuestra idea es reforzarla. Tenemos que ser capaces de promover la equidad en el acceso a los ensayos clínicos, ya que esto también es infraestructura”, ha afirmado Cristóbal Belda, director Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Por su parte, Jordi Martínez, director de Innovación del Hospital del Mar de Barcelona, ha destacado que “no todas las infraestructuras de los hospitales están preparadas para absorber las innovaciones que llegan”.
En representación de la industria farmacéutica, Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria, ha destacado la posición de liderazgo de España en investigación clínica en los últimos años. En la década de los noventa Europa estaba a la vanguardia mundial de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Pero la realidad ya no es la que era y actualmente ya ocupa la tercera posición, por detrás de Estados Unidos (44 por ciento) y de Asia (26 por ciento), según recoge un informe de la consultura IQVIA. Sin embargo, ha reiterado que es importante priorizar la colaboración pública-privada en el acceso, así como en la digitalización y la aplicación de la inteligencia artificial a todo el ciclo de vida del medicamento o en las estrategias de salud y la actividad asistencial. “La industria debe involucrarse más con las administraciones públicas para mejorar la salud de la gente”, ha sostenido Urzay.
Dotar al sector público de la infraestructura suficiente para superar las fases preclínicas resulta crucial. “Hay unas fases de un riesgo tan alto, y donde las inversiones son tan elevadas, que luego tienen un impacto severo sobre el precio. A todos los sistemas sanitarios nos interesa tener un control sobre los costes vinculados”, ha destacado Belda. En este sentido, Urzay ha recalcado que “una buena regulación es fundamental”. A su vez, ha sentenciado que “la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es bastante razonable si se compara con otros países, ya que tienen claro que la investigación biomédica es un bien común”.
Martínez también ha incidido en la idea de que los intereses del ámbito público y privado no están alineados. “Hemos encontrado mucha tecnología buscando necesidad. Necesitamos un marco de relación ético y estético. Hay que generar una conversación continua entre los diferentes actores. Los comités de ética también están aprendiendo y trabajando en proyectos a los que no están acostumbrados. Aprender unos de otros es interesante”, ha añadido. No obstante, ha considerado que, aunque tengan que combinar lenguajes diferentes, siempre llegan a acuerdos.
Importancia del diálogo
En relación con la cuestión de las necesidades del ecosistema para facilitar la colaboración de ambos ámbitos, los tres expertos han coincidido en la importancia del diálogo. “Necesitamos ser percibidos cercanos a los pacientes y al sistema sanitario. Tenemos iniciativas muy interesantes con CC. AA. Por ejemplo, Andalucía, a petición nuestra, ha lanzado un proyecto de monitorización en remoto de todos los ensayos clínicos; y con Galicia estamos trabajando en investigación preclínica. Las compañías farmacéuticas y las organizaciones necesitamos dar un paso al frente”, ha remarcado Urzay.
“Si el sector público es capaz de hacer un desarrollo que llegue hasta unas fases lo suficientemente avanzadas y regulatoriamente válidas para que esos riesgos puedan ser compartidos, seguramente estaremos ejerciendo un alivio en esa presión sobre los precios al final de la cadena. Durante estos cuatro años pasados, nuestra idea ha sido ser capaz de desarrollar modelos de colaboración que vayan más allá“, ha concluido Belda.
