Tras concluir el plazo de alegaciones al Anteproyecto de Ley de los Medicamentos el pasado 8 de mayo, las reacciones de la industria farmacéutica no se han hecho esperar. Fuentes de Farmaindustria piden una “revisión integral” del texto y confirman a El GlobalFarma que dicha norma “no recoge la visión del medicamento como una inversión, sino que está impregnado de una visión económica centrada principalmente en políticas de ahorro a corto plazo que disminuyan el crecimiento del gasto público”.
Cuando se hizo público el documento, uno de los puntos más ‘calientes’ fue el que versaba acerca del sistema de precios seleccionados. En concreto, compañías, farmacia y distribución se unieron contra él y exigieron al Gobierno que se eliminara y que las reformas se consensuaran con el sector y los demás actores de la cadena, dentro del Comité Mixto creado para este propósito en el marco de la Estrategia de la Industria Farmacéutica.
Regulado en el artículo 116, este sistema consiste en establecer cada seis meses unos precios para cada agrupación homogénea de medicamentos sustituibles con base en las ofertas ‘ciegas’ de las compañías. De esta manera, habrá un medicamento con el precio más bajo, una agrupación con medicamentos con precios seleccionados dentro de un rango de precios y una agrupación de medicamentos no seleccionados que cambiaría cada seis meses.
Al respecto, en una de las alegaciones presentadas consideran que todo ello “daría ventaja a operadores de oportunidad que no tienen capacidad ni voluntad de suministrar de forma estable el mercado a largo plazo”. Y, por tanto, solicitan que pase a denominarse ‘sistema de precios dinámicos’. Asimismo, exponen una serie de consecuencias no deseadas, como “cambios frecuentes en la medicación para los pacientes y en el precio que deben pagar”, lo que, además, pondría en riesgo el tejido productivo en España. Argumentan que esto “crearía un nuevo escenario de inestabilidad e incertidumbre económica para las empresas y provocaría problemas de suministro en un mercado ya de por sí muy tensionado”.
Otro de los puntos destacados por la industria pasa por reducir el protagonismo de los informes económicos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). “En el anteproyecto de Ley se contemplan continuas referencias a informes de la CDGAE incluso en materias ajenas a cuestiones económicas y presupuestarias”, argumenta la patronal. A continuación, añaden que “la mayoría de los criterios de financiación y precio tienen una dimensión clínica, asistencial y social que no competen a un órgano como la CDGAE”. “Se podrían citar ejemplos como la “gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que resulten indicados”, las “necesidades específicas de ciertos colectivos”, la “contribución al bienestar social”, los “criterios medioambientales” o la “contribución a la reducción de las resistencias a los antiinfecciosos”, entre otros”, argumentan.
La promoción de medicamentos también ha tenido protagonismo entre las propuestas. En este sentido, la patronal de la industria farmacéutica española cita que “en el texto del APL se introduce como infracción grave realizar publicidad de medicamentos autorizados en España, pero no comercializados, anticipándose a su comercialización efectiva”. Por consiguiente, advierte “que esta infracción es contraria al derecho comunitario y los países de nuestro entorno no contienen una prohibición semejante en sus legislaciones”. Además de ello, considera que la norma también es contraria a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a informar del precio del medicamento, pero que no exige la comercialización efectiva del mismo, y por tanto una previa decisión de precio y financiación.
En definitiva, subrayan que el texto no refleja el momento de transformación biomédica y tecnológica actual: la apuesta por la I+D biofarmacéutica, la medicina personalizada, la adopción de las nuevas herramientas digitales, y la aplicación de la ciencia de datos y la inteligencia artificial tanto en el binomio diagnóstico-tratamiento, como en la monitorización de la efectividad en vida real de los tratamientos, la adherencia a los tratamientos y el buen uso de los medicamentos.
Igualmente, destacan la falta de concreción de las medidas encaminadas a mejorar la disponibilidad de la innovación farmacéutica para los pacientes. “Es indispensable reformar del modelo de financiación y precio con el objetivo final de que los nuevos medicamentos lleguen de forma rápida y equitativa a los pacientes que los necesitan independientemente de donde residan”, reiteran.
