Tras Cataluña y Castilla-La Mancha, ahora le toca el turno a la Comunidad Valenciana. Después de tener que recibir un aval del Gobierno Central para poder pagar una deuda, el Gobierno de Alberto Fabra ha adoptado medidas extraordinarias para recortar 1.000 millones de euros, de los cuales 440 saldrán de Sanidad. Se trata, de nuevo, del nicho que más ahorro generará.
La partida farmacéutica acumulará buena parte de esa cantidad. La medida estrella en este sentido será la firma de un nuevo convenio con las oficinas de farmacia, que el Gobierno vincula a los impagos que éstas sufren actualmente y con la que quiere ahorrar unos 150 millones de euros. En este sentido, el objetivo del Gobierno es llegar a un acuerdo para el pronto pago de los primeros 150.000 euros facturados por cada farmacia. A partir de esa cantidad, el pago sería diferido.
Otras medidas pasan por ampliar la centralización de compras; los suministros de fármacos a residencias geriátricas; la reducción del gasto hospitalario (se quieren ahorrar 50 millones) con, el uso de genéricos y la sustitución de medicamentos de alto coste.
Además, Valencia se ha sumado al carro inaugurado por Baleares y Galicia y empezará a cobrar tasas por la renovación de la tarjeta sanitaria y por solicitud de centro. Además, se refuerza la lucha regional contra el turismo sanitario con la puesta en marcha de un mecanismo de cobro directo a pacientes extranjeros.
De cara a los profesionales, el Gobierno de Fabra ha aprobado cambios retributivos en el personal directivo, una racionalización de los turnos y las guardias y un mayor control del absentismo, todo ello con el objetivo de ahorrar otros 57,5 millones de euros.
El Ejecutivo apuesta también por la creación de 30 entidades de base asociativa en Atención Primaria (serán voluntarias), un modelo de autogestión cooperativa de médicos y enfermeros, a quienes se asignará una cantidad fija en función de la carga asistencial, de forma que lo que ahorren serán incentivos para el personal.
