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Los médicos titulares y de cupo y zona han respirado tranquilos pero mantienen su inquietud por lo que siguen definiendo como un “castigo”. “Nos hemos escapado de la pena de muerte pero estamos intentando conseguir la menor condena posible”, explica con una metáfora el vocal nacional de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial (OMC), Antonio Fernández-Pro, aclarando que todavía tienen que analizar “fríamente” la corrección de errores del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de mayo.
Ésta retrasa un año —hasta el 31 de diciembre de 2013— el plazo dado a las comunidades para integrar como personal estatutario a los médicos titulares y de cupo y zona y matiza que en ambos casos se realizará “sin perjuicio de los derechos consolidados”.
Estas matizaciones han sido fruto de la reunión que la ministra de Sanidad, Ana Mato, mantuvo con los presidentes de los consejos generales de Médicos y Enfermería —que han formado un gabinete de crisis— aunque el primero le pidió ampliar el margen hasta 2014 y ambos han acordado solicitar un catálogo de las plazas de Función Pública a las que deberán adscribirse los profesionales para conocer la situación laboral que se ofrece a un colectivo cercano a la jubilación —la mayoría son mayores de 60 años— y que tiene “miedo” a este cambio de estatus. “Somos el primer colectivo de funcionarios de España al que quieren quitar la plaza. Además, los funcionarios autonómicos no saben cómo les afectará” asegura el vocal de la OMC. Fernández-Pro insiste en que todos se hacen la misma pregunta, cuál es el objetivo de esta estatutarización, si no es la precariedad en el empleo, puesto que no hay ninguna diferencia entre sus condiciones laborales y las de sus compañeros no funcionarios.
En cuanto a la matización del decreto que asegura que mantendrán los “derechos consolidados”, los juristas de las organizaciones profesionales están analizando en qué se traducirá exactamente, si estará relacionado con las pensiones, la antigüedad y los derechos laborales y retributivos.
El vocal de Administraciones Públicas recalca que siempre han estado a plena disposición de la Administración y no sospechaban que el decreto incluyera un punto que les está impidiendo pelear por otros aspectos “muy discutibles” que también están recogidos en él.
“Nos hemos escapado de la pena de muerte pero intentamos conseguir la menor condena posible”
Los profesionales se preguntan cuál es el objetivo si no es la precariedad laboral
