br
Luis Rosado asegura que desconoce lo que se quiere hacer y evita valorar “futuribles”
Cataluña cree que todavía “hay recorrido” en el pago por la manutención hospitalaria
Aunque a priori consejeros de sanidad y el ministerio comparten el objetivo de buscar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el anuncio de nuevos ajustes y la batería de medidas planteadas por unos y otros han vuelto a poner de manifiesto que el Pacto Sociosanitario de Mato es casi una utopía.
Las reacciones de los portavoces regionales al “globo sonda” del ministro de Economía sobre el copago de la asistencia sanitaria según la renta y otras ideas como la sugerencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de recentralizar las competencias sanitarias, junto a las de Educación y Justicia, con un ahorro estimado de más de 48.000 millones de euros, dan una idea del abismo que separa a unos gestores de otros. Y eso, que todavía los responsables autonómicos no han hecho cuentas de los cambios directos o indirectos que tendrán que plasmar en sus cuentas para cumplir con la indicación del presidente de ahorrar 7.000 millones.
Para empezar, la consejera andaluza en funciones, María Jesús Montero, y el consejero vasco, Rafael Bengoa, llevarán al Interterritorial la postura socialista. Montero asegura que no suscribirá medidas que rompan el Sistema Nacional de Salud, se niega a aplicar el copago y exige alternativas diferentes. “Si hablan de quitar prestaciones como el aborto, la reproducción asistida o el cambio de sexo actuarían por cuestiones ideológicas” advierte, en una entrevista publicada en El País.
Inspectores fiscales
Bengoa, por su parte, calcula que para alcanzar el ahorro exigido hay que hablar de recorte de prestaciones, un supuesto que no está entre sus planes para el País Vasco, y propone extender otras ideas como el fomento de la atención domiciliaria o su estrategia de crónicos. “Medidas como la tarjeta única, la receta electrónica o la central de compras no resuelven la sostenibilidad”, añade. Además, reconoce estar más inquieto por la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda mande inspectores a las comunidades autónomas, cuestionando su disciplina fiscal, que por el copago en función de la renta sugerido por Luis de Guindos.
Gastos superfluos
Las consejerías con el sello popular consideran incuestionable la necesidad de eliminar ineficiencias y reducir el gasto superfluo, puntos en los que tampoco tienen objeción alguna el resto de autonomías, aunque en función de lo que se considere prescindible.
Aragón se muestra partidario de alcanzar ahorros y Extremadura está de acuerdo en que “hay que tocar lo que no funciona”, como expresa su presidente, José Antonio Monago, que ha cuestionado, en cualquier caso, fórmulas como el copago en una región como la suya, con una población mayor y rentas pequeñas, aunque afirma que “no pasa nada porque se revisen algunas cosas”, recoge EP. Una postura parecida a la del consejero valenciano de Sanidad, Luis Rosado, que en declaraciones a los medios de comunicación reflejadas por la misma agencia se ha negado a hacer valoraciones sobre “futuribles”. “Nadie sabe lo que se quiere hacer”, apunta el consejero. “De momento no sé las medidas que van a ponerse a nivel nacional”, como tampoco “si hay que hacer reformas legislativas”, asegura, expresiones que contrastan con las alusiones continuas de los responsables populares que recalcan que las reformas partirán del consenso de las comunidades, lo que cuestiona el margen de maniobra real que tendrán las regiones para acatar las directrices del ministerio de Sanidad.
Por si no gustan, la Comunidad de Madrid ha dado un paso más en su posición sobre los recortes, con la nota díscola de su presidenta, que tras reunirse con el presidente del gobierno planteó su postura centralista amparada por las aportaciones de economistas que, según sus palabras, han sugerido que España no puede permitirse el lujo de mantener 17 entramados autonómicos, con sus consiguientes duplicidades y triplicidades, argumenta.
Pago por manutención
Nada más lejos de la postura de los responsables de País Vasco y Cataluña, cuyos portavoces han defendido su “voluntad de autogobierno” frente a la de comunidades creadas “artificialmente” para suavizar sus aspiraciones, tal y como ha denunciado el presidente catalán, Artur Mas.
Debates competenciales aparte, en su búsqueda de áreas de eficiencia, el consejero catalán, Boi Ruiz, también podría trasladar al Interterritorial una propuesta estudiada por su gobierno a lo largo del año pasado, hasta confirmar que no era competencia suya: el cobro de una parte de los servicios asociados a la atención asistencial, un punto en el que consideran que “hay recorrido”. Lo asegura Francesc Homs, portavoz de la Generalitat, que se inspira en Alemania, donde el enfermo abona 10 euros por día de ingreso y manutención. Eso sí, aclara que podría aplicarse, como la polémica tasa por receta, sin afectar al cien por cien de la población.