Álvaro Suárez , es abogado de
Sánchez de León Abogados
El pasado agosto la Xunta de Galicia adoptó su Decreto 206/2008 de receta electrónica. Desde entonces, y entre otras cosas, se ha pretendido que las oficinas de farmacia adopten forzadamente el sistema, que los desarrolladores de software abran sus códigos-fuente para que sean “comprobados” y que los auxiliares de farmacia desaparezcan, por no tener buen acomodo en el decreto. Esta iniciativa de la Xunta de Galicia, ni es nueva ni ha sido la única llevada a cabo por una comunidad autónoma. Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares o Madrid son ejemplos de otras que están ya en ello.
Ante el olvido y pasividad del regulador estatal asistimos a desarrollos autonómicos que pueden ser contrarios a normas estatales básicas: Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud o Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, principalmente, puesto que no sólo se dificulta la implantación de un sistema nacional coordinado, cohesionado y compatible de dispensación de recetas electrónicas, sino que introducen unos sistemas de “homologación” o “acreditación” que, en el mejor de los casos, implican un intervencionismo excesivo, impone inversiones innecesarias, acaban con la innovación en software propietario, bordean las normas de la libre competencia u olvidan la regulación en materia de protección de datos. Aunque los avances en la utilización de las tecnologías de la información son positivos: ahorro de costes, optimización en la gestión…, parece razonable que determinadas cuestiones se aborden con un consenso básico y previo sobre ellas.
El espejo en el que no mirarse bien podría ser la Administración de justicia, que presenta sistemas informáticos diferentes en cada comunidad autónoma, incompatibles, interconexión imposible, programas obsoletos… Parecería que los sistemas autonómicos de receta electrónica se dirigen hacia ese espejo. Ante el riesgo de romperlo, sería bueno replantearse la situación.
