alberto cornejo
Madrid
Desde el pasado mes de junio Claudio Buenestado compagina la dirección de la vocalía de Farmacéuticos de la Administración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia con la vocalía nacional de Titulares del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Dos departamentos que, a pesar de tener distinta denominación, tienen las mismas funciones y objetivos: representar a aquellos profesionales farmacéuticos que trabajan como funcionarios en campos como la seguridad alimentaria, sanidad medioambiental, inspección, ordenación farmacéutica… O, lo que es lo mismo, “todo aquello relacionado con salud pública”, sintetiza.
Pregunta. ¿Qué valoración hace de sus primeros meses al frente de la Vocalía Nacional de Titulares del Consejo General?
Respuesta. Estos primeros meses los estoy empleando en conocer el funcionamiento interno del Consejo General, así como en buscar posibles sinergias con otras vocalías. A pesar de ser un cargo nuevo para mí, la valoración es positiva, porque el Consejo es el órgano ideal para poder impulsar ideas con repercusión nacional.
P. ¿Ha notado diferencias, tanto en repercusión como en la forma de trabajar, entre una vocalía provincial y una de ámbito nacional?
R. Los objetivos profesionales que tenía la vocalía del Colegio de Farmacéuticos de Murcia con respecto a la del Consejo General son prácticamente los mismos, pero la labor desarrollada en un colegio provincial, que confieren a los vocales una gran autonomía, me ha permitido acceder de primera mano a todas las inquietudes de los profesionales que trabajan en la Administración.
P. ¿Cree que estas vocalías, y especialmente las áreas que integra, pueden resultar desconocidas para los farmacéuticos?
R. No lo creo, porque son actividades tradicionalmente desarrolladas por los farmacéuticos desde sus farmacias: la sanidad ambiental, seguridad alimentaria, farmacovigilancia…
P. ¿Cuáles serán los objetivos a perseguir en esta legislatura por parte de su vocalía?
R. Tengo dos objetivos principales. Por un lado, y como objetivo fundamental, estará la promoción de la especialidad en salud pública para farmacéuticos. Por otro lado, deseo organizar el mayor número de actividades formativas de salud pública.
P. Abordemos el primero. ¿Cómo conseguir esa especialidad en salud pública?
R. Desde el Consejo General se ha creado una comisión, que elevará a los órganos competentes las justificaciones necesarias para su creación. Sabemos que será una tarea muy ardua, pero estamos ilusionados y pensamos que tenemos razones de peso para conseguirla.
P. Respecto a la formación del profesional, ha indicado que será otro de sus objetivos. ¿Cómo valora la formación en salud pública dentro de la carrera universitaria?
R. La formación universitaria para aquel farmacéutico interesado en salud pública es una de las más completas que existe, lo que hace que seamos unos de los profesionales sanitarios mejor formados para desarrollar las actividades que definen este campo.
P. ¿Los estudiantes son conocedores de esta salida profesional?
R. Los estudiantes cada vez demuestran un mayor interés por esta salida, a lo que también ayuda que en los últimos años se estén ofertando por parte de las distintas administraciones numerosas plazas para farmacéuticos en salud pública.
P. En este sentido, ¿cree adecuado que la Administración apueste por integrar en sus plantillas a farmacéuticos para realizar estas tareas en detrimento de que se encarguen a las oficinas de farmacia, como sucedía en el pasado?
R. Las labores que actualmente se desarrollan en una oficina farmacia obligan al titular a volcarse en la gestión de ésta. Por ello, la Administración, teniendo en cuenta su buen hacer, apuesta por integrar a farmacéuticos sin oficina de farmacia en sus plantillas, apoyando así una nueva salida profesional.
P. Algunas comunidades autónomas, como Galicia, están inmersas en el debate sobre si debe exigirse o no la colegiación a los farmacéuticos que trabajan como funcionarios. ¿Cuál es su parecer en este tema?
R. Todos los profesionales al servicio de la Administración deben estar colegiados. Las comunidades autónomas sólo valoran el impacto económico que les supondría la obligatoriedad de la colegiación, ya que tendrían que hacerse cargo del pago de las cuotas de todos esos funcionarios, sin tener en cuenta que la colegiación aporta beneficios para los propios profesionales y la sociedad,
P. ¿En qué sentido?
R. En cuanto que garantiza que sus actuaciones se rijan por medio de los principios éticos y deontológicos de los colegios.
