Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El trabajo se le agolpa a Farmaindustria a partir de ahora. Pensaba la patronal que el acuerdo de sostenibilidad en el empleo y la investigación biomédica que ha alcanzado con los ministerios de Sanidad y de Trabajo le iba a reportar una etapa duradera de tranquilidad, y no va a ser del todo así. Aunque el Ejecutivo descarta por el momento efectuar bajadas directas de precios para contener el gasto farmacéutico, una posibilidad que llegó a contemplarse, la nueva orden de precios de los medicamentos es realmente dura para el sector. Sobre todo para algunos laboratorios, a los que la llegada al mercado de los genéricos correspondientes a sus productos originales va a hacerles trizas las cuentas de resultados. Las previsiones oficiales, desde luego, no dejan lugar a dudas. Frente a los cerca de 350 millones de euros que el sistema vigente le ha reportado de ahorro al Estado, el nuevo esquema de precios diseñado por los lugartenientes de Trinidad Jiménez en el área de farmacia tendrá un impacto próximo a los 500 millones de euros, una cifra nada desdeñable en un momento de intensas fusiones farmacéuticas, de crisis económica galopante y de incertidumbre financiera de las comunidades, que ya empezaban a llamar a las puertas de Sanidad en busca de medidas extra para cercenar el gasto y obtener ahorro.
La medida no es, desde luego, buena para los laboratorios productores de fármacos innovadores. En total, se crean 22 nuevos conjuntos y se revistan los precios de otros 160 creados con anterioridad, lo que equivale a decir que se verán afectadas cerca de 6.500 presentaciones de fármacos correspondientes a más de 150 principios activos, con lo que pocas compañías que operan en España se salvarán de la quema. Pese a ello, la iniciativa adoptada por el Ministerio de Sanidad encierra su lógica. A pesar de los mensajes propagandísticos lanzados por el Ejecutivo, en los que éste saca pecho por la reducción del gasto público en medicamentos, comparando sus subidas actuales, de casi un 5 por ciento en agosto, con las que se registraban en 2004, lo cierto es que el análisis real de las cifras convierte el presente en mucho más negativo que el pasado para las arcas públicas. Véase el incremento que experimentaba entonces el PIB nominal en España con el decrecimiento que registra en estos momentos, y podrá llegarse fácilmente a la conclusión de que la horquilla es hoy mucho mayor que antes. Una horquilla que trae de cabeza a los gestores autonómicos, incapaces de cuadrar las cuentas.
Es ésta y no otra, pues, la verdadera razón de la dureza de la orden. Y es éste y no otro el motivo que ha impulsado a Sanidad a actuar de forma enérgica y al margen del pacto para la sostenibilidad alcanzado con la patronal de los laboratorios. Es posible que, de aquí a su aprobación, la orden experimente cambios y alguna compañía se salve de la quema, y que el pago gradual aliviará a algunas de ellas, pero la estocada está dada y responde a la crudeza con la que la crisis está golpeando también a la sanidad.
Preguntas sin respuesta
¿Serán capaces las autonomías de amortizar las dosis de Tamiflu que adquirieron, tras la decisión de Sanidad de autorizar la venta en farmacias con receta del antiviral?
¿Por qué lleva tanto retraso Sanidad en la divulgación de estadísticas sobre parcelas como, por ejemplo, el gasto farmacéutico y el aborto?
¿Qué sentencia del Tribunal Supremo le da un auténtico palo al Ministerio de Sanidad en su lucha con Madrid por no pagarle la asistencia prestada por las entidades colaboradoras?
¿A qué conocida entidad de gestión, prima hermana de la SGAE, le ha sentado fatal que un medio destapara sus pretensiones de cobrar un canon a las clínicas privadas?
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