Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Algo es algo. Seis años después de su anuncio a bombo y platillo, y uno y medio desde que se apuntara su reedición, el sector ya conoce, ¡al fin!, en qué consiste el cacareado Plan Estratégico de Farmacia del Ministerio de Sanidad y los parámetros por los que se rige. Básicamente, las gestas que sienta para el futuro pueden agruparse en tres. La primera consiste en que cada comunidad haga lo que le venga en gana sin que ninguna autoridad central, Administración u organismo del Estado ose tener bemoles para decir ni agua. Como todo el mundo sabe, el futuro de la economía pasa por los mercados fragmentados y por los regionalismos. ¡Faltaría más! Fruto de esta visionaria forma de analizar los hechos son los recortes unilaterales del vademécum en feudos como Castilla-La Mancha o Galicia, el traslado de fármacos con nocturnidad y alevosía desde la farmacia al hospital en Madrid o Valencia, y los ‘medicamentazos’ encubiertos preparados, por si las moscas, en Aragón o Andalucía. La clave del éxito, en cualquier caso, radica en que nadie de sanidad píe o alce la voz. Hacerlo sería una estulticia.
El segundo pivote de este plan de tan altas miras de futuro no olvida tampoco a los profesionales: si hay que coartar su libertad de prescripción y determinar sus recetas para que no consignen fármacos previamente autorizados por el Gobierno, pues se hace, y punto. Y que nadie rechiste, porque se va a la calle, aprovechando que su vínculo con la Administración se produce a través de un ‘contrato basura’ u otra fórmula equivalente y moderna de gestión eficiente de los recursos humanos. Todo el mundo sabe que la imposición y el ordeno y mando, en vez del consenso y el liderazgo, rigen ahora las relaciones en el mundo de los negocios.
El tercer pilar de esta política de altos vuelos consiste en resquebrajar a sangre fría y de un día para otro por medio de ‘tijeretazos’ las cuentas de resultados y los balances de industria, farmacias, distribuidores y proveedores. Que hace falta más dinero para pagar a centenares de directores generales, subdirectores, asesores y altos cargos, pues se les recorta a todos un punto de sus beneficios y aquí paz y después gloria. Que hay que sufragar las cruciales embajadas de Carod Rovira, las prestaciones superfluas u hospitales magalómanos con Internet en todas las habitaciones para que los presidentes autonómicos ganen las elecciones, pues se les recorta otro punto a cada eslabón de la cadena del medicamento y del sector, y se acabó el problema. Y, por supuesto, que nadie alce la voz o se queje, pues será convenientemente aleccionado retrasando unos mesecitos los registros de sus medicamentos, por desautorizar la prestigiosa voz del Estado.
Los axiomas del plan se completan con una premisa irrenunciable: no tocar la demanda, pues hacerlo sería irracional y reflexivo. Como todo el mundo conoce, el gasto viene inducido sólo por la oferta, y es ahí donde hay que meter la tijera. Nada de copagos, ni tiques moderadores. Todo este compendio proporcionará un horizonte de estabilidad al sector, que ya sabe a lo que atenerse a la hora de ejecutar sus inversiones.
Preguntas sin respuesta
¿Qué treta utilizó Juan José Rodríguez Sendín para intentar formar parte del acuerdo entre Farmaindustria y Facme y salir así en la foto con la industria? ¿Por qué no quiere ver Farmaindustria ni en pintura al presidente de la OMC?
¿Qué dos laboratorios se están planteando la posibilidad de suspender todos sus congresos científicos para hacer frente con lo ahorrado a los recortes impuestos por el Gobierno?
¿Le ha dicho alguien de Sanidad a Marina Geli que no hay dinero para financiar más píldoras progres, ni prestaciones superfluas?
¿A qué espera Sanidad para rebajar el rango de la Agencia de Seguridad Alimentaria y predicar con el ejemplo?
