Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Trinidad Jiménez empieza a verle las orejas al lobo. Después de meses de mirar hacia otro lado cada vez que alguien le contaba sus penurias presupuestarias, la ministra parece ya consciente, aunque lo niegue en público, de que la bancarrota puede hacer saltar por los aires el sistema sanitario español. El horizonte, como bien describe la OCDE en su último informe sobre la salud en 2010, no puede ser peor. Hábil como pocas y consciente del daño que algunas medidas impopulares pueden ocasionar a su imagen, la titular sanitaria se resiste como gato panza arriba a los apremios que le lanzan Elena Salgado desde la vicepresidencia económica del Gobierno y algunos consejeros autonómicos de Economía —como el de Aragón— para que ponga en marcha medidas adicionales a las del ‘tijeretazo’ e, incluso, sopese la extensión de copagos, tiques moderadores o tasas por el uso de servicios sanitarios. En su lugar, ha tirado por la calle de en medio.
Jiménez, que no quiere pasar a la historia como la ministra que les cobró a los pensionistas un euro por consulta, apuesta como alternativa por buscar la complicidad de los partidos para enderezar el rumbo de la hundida nave. Inteligente decisión. Sin embargo, el punto de partida elegido, la propuesta de Pacto por la Sanidad pergeñada por el filosocialista Gaspar Llamazares, constituye una base equivocada. Lo es por la banalidad del documento y por lo etéreo y sesgado de sus propuestas. Difícilmente habrá respaldo del arco parlamentario ante tal cúmulo de generalidades y proclamas ideológicas que incluye el texto y, aunque lo hiciera, el resultado sería tan baldío para la prosperidad económica del Sistema Nacional de Salud como todas las medidas de recorte adoptadas antes de los ‘tijeretazos’. Haría bien la ministra en olvidarse, pues de tal entelequia y en poner la mira en los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud del 18 de marzo, aprovechando la comprensión que el partido de la oposición está mostrando ante los efectos devastadores que la crisis y la mala gestión han causado ya en la Sanidad pública, para encaminar todas las medidas adicionales que se adopten a partir de ahora en dicha dirección. Entre otras razones, porque difícilmente podrán oponerse a ellas comunidades de distinto signo que, a la vuelta del verano, agotarán sus fondos para pagar nóminas o medicamentos.
La ministra ha iniciado ya movimientos en la sombra y el horizonte por explorar es amplio. La central de compras, la financiación selectiva de productos para síntomas menores, la exclusión de la primaria de medicamentos de bajo precio que cuentan con especialidad farmacéutica publicitaria equivalente o la racionalización en el uso de algunos productos sanitarios pueden ser una vía adecuada de ahorro a la que pocos se opondrían. Pero estos pasos han de acometerse de forma inminente, e ir acompañados de un compromiso de racionalización gestora por parte de las comunidades autónomas que, a día de hoy, todavía no se ha producido. Todo ahorro adicional que le ofrezca a Salgado le resultará vital a Jiménez para salir ilesa de la bola de nieve en que se puede convertir el copago.
Preguntas sin respuesta
¿Qué dice la propuesta más draconiana de recorte del organigrama de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que obra en poder de Hacienda?
¿Qué sociedad científica ‘refundada’ quiere pasar hacer una vendetta contra su ex presidente por una cuestión ideológica y estudia llevarle a los tribunales por 300 euros sin justificar?
¿Qué iniciativa se ha planteado un alto cargo de Sanidad para “armonizar” las dispares políticas autonómicas en materia farmacéutica?
¿Qué miembro de Farmaindustria alberga serias dudas sobre la credibilidad e independencia que tendrá Facme a la vuelta de unos meses? ¿Por qué?
