Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El sistema no aguanta más. Lo reconocen los consejeros de salud y los gestores de hospitales y áreas de primaria, y lo sufren en sus propias carnes los proveedores, las farmacias y los profesionales. Si 2009 puede considerarse ya como un año malo, muy malo en Sanidad, 2010 va a serlo aún peor. La crisis ha dejado vacías las arcas autonómicas y, con excepción de algunas excentricidades dignas de estudio y de crítica, no habrá dinero para alegrías. El proyecto de presupuestos que ha elaborado el Ejecutivo cierra todas las puertas a las grandes gestas. Llega, pues, la hora de la verdad. La las tensiones y las dificultades. La de las penurias y de los lamentos. La de las decisiones. El esquema que justifica tales asertos es sencillo: la población es cada vez mayor y más envejecida; gastos como el farmacéutico, o el generado por la incorporación de nuevas prestaciones crecen y creen; y el dinero sigue siendo el mismo o incluso menor, al caer en picado la recaudación impositiva como consecuencia de la crisis. ¿Qué hacer ante tal panorama? Garantizar la sostenibilidad y ser imaginativos. Lo han dicho estos días algunos responsables de salud y varios llevan tiempo experimentando fórmulas innovadoras que ahorren dinero a las arcas públicas manteniendo la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
Es la hora del pacto, pero no el genérico, vacuo y repleto de lugares comunes. Partidos, sindicatos, sociedades científicas, profesionales y empresas del sector han de mojarse. Y mojarse implica renunciar a algunas cosas para obtener otras a cambio. Soluciones concretas, más que nada. Un pacto que haga comprender al Gobierno que sin más financiación real, el sistema se rompe. Un pacto que acepte las nuevas fórmulas de gestión como un remedio ante la crisis económica y no como una privatización. Porque, puestos a huir de demagogias, conviene remarcar que pocas comunidades, por no decir ninguna, quedan ya sin ensayar o planear modelos como el de Alcira, conciertos especializados, externalizaciones de servicios o fórmulas de autogestión en el primer nivel asistencial. Como el dinero no da para más, habrá que abrir la puerta a nuevos prestadores que ofrezcan lo mismo que la sanidad pública a precios más bajos. Un pacto, en definitiva, que no satanice a la sanidad privada ni demonice a Muface, porque todo lo que suponga descargar al sistema será bueno para el mismo y bueno para los ciudadanos.
El pacto habrá de abordar el agobiante problema de los salarios profesionales y en el del gasto farmacéutico, pero sin caer en revanchismos ni en estocadas fáciles: tan cierto como que resulta inadmisible que la factura en medicina crezca ocho puntos por encima del PIB nominal, lo es también que no puede mantenerse por más tiempo el diferencial de precios con Europa, porque apenas se da en ningún otro sector. Llega la hora de las decisiones, y el Ministerio no puede caer en el recurso fácil del acuerdo etéreo y plano. Trinidad Jiménez tiene gancho, y José Martínez Olmos, oficio. La necesidad de las autonomías hará el resto, siempre que lo permita la buena de Elena Salgado, el gran obstáculo.
Preguntas sin respuesta
¿Cuántas empresas han surgido al calor de los proveedores que se dedican a comprar a estos las facturas que les adeuda la Administración, a cambio de quedarse luego con los intereses de demora?
¿Qué opina el PSOE de Madrid acerca de las fórmulas sobre autogestión en primaria que quiere experimentar la consejera de Sanidad de Aragón?
¿Cuántas aseguradoras se plantean renunciar a participar en Muface si se confirman las condiciones leoninas que quiere imponer a las mismas la Dirección General de este organismo?
¿Qué laboratorio es, con gran diferencia, el gran perjudicado por los precios de referencia de Sanidad?
