Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El nuevo modelo de financiación pergeñado a toda prisa por Pedro Solbes para acallar las voces críticas que le llegaban al Gobierno desde Cataluña constituye un paso más en el desmantelamiento que venía sufriendo el Estado, y consolida el proceso de atomización que aqueja a la sanidad desde hace más de una década, hasta convertirlo ya prácticamente en irreversible. Pese a incorporar un nuevo fondo corrector de garantía de los servicios fundamentales, el pronóstico es que aumentarán las desigualdades en salud pública y en la oferta de prestaciones, toda vez que se incrementa la autonomía fiscal de las regiones y su independencia a la hora de decidir el destino de ese 50 por ciento del IRPF o del IVA que el Ejecutivo les ha transferido. ¿La explicación? Las comunidades ricas podrán aprovecharse de su alto porcentaje de población y del mayor empuje de ésta a la hora de consumir para destinar lo recaudado vía impuestos directos e indirectos a mejorar sus servicios sanitarios. Las más pobres dispondrán en cambio de menos recursos por este concepto y pasarán dificultades para apuntalar su sanidad, por lo que no es difícil atisbar en el futuro dos velocidades sanitarias donde habrá pacientes y profesionales de primera y de segunda. Un mazazo para la cohesión, que no podrán corregir ninguno de los fondos creados ad hoc por Economía para apagar las quejas que llegan de las regiones socialistas y populares menos pudientes y poderosas a la hora de hacer valer su voz en la capital de España. Cataluña, Madrid, Andalucía y posiblemente la Comunidad Valenciana saldrán beneficiadas con el nuevo modelo de financiación, pero no correrán su misma suerte feudos como Extremadura, las dos Castillas o Aragón, que una vez más ven pasar el tren que las equipararía a la zona alta de la tabla sanitaria.
El sistema financiero que ha ideado Solbes sobre la base de los apuntes que José Luis Rodríguez Zapatero iba tomando en sus conversaciones con varios presidentes autonómicos es también dañino para la competitividad empresarial al lesionar el principio sagrado de la unidad de mercado. Al desintegrarse la cohesión y fragmentarse de forma definitiva el SNS en 17 parcelas independientes, como consecuencia de la mayor autonomía fiscal de las regiones, las compañías distribuidoras, farmacéuticas y de provisión de servicios habrán de enfrentarse no a una, sino a 17 burocracias y a 17 reglas distintas que influirán sobre su modelo de negocio. Una nueva traba más para la ya lastrada economía, y un nuevo obstáculo para la creación de empleo en un sector que focalizará sus miras hacia las regiones menos exigentes a la hora de facilitar permisos para la generación de comercio y, en definitiva, de riqueza. Frente a la diversidad de mercados y a la multiplicidad de reglas a las que da pie el nuevo modelo de financiación, se impone la necesidad de un ministerio fuerte y con liderazgo, capaz de sentar unas pautas comunes de actuación y de fijar unas prestaciones mínimas solventes y tangibles en todo el país. De lo contrario, el sistema acabará estallando por los aires y totalmente desmembrado.
