Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
A pesar del empecinamiento de Elena Salgado en negar la evidencia, no quedan ya organismos internacionales o instituciones financieras que barrunten una mejora, aunque sea ligera, de la dramática situación económica española, en caso de seguir en marcha las políticas actuales. En esta tesitura, el agujero que va a heredar el nuevo Gobierno resultante de las urnas será colosal, lo que tendrá, como ya ocurre, implicaciones nefastas en dos de los principales agentes sanitarios: los laboratorios y los proveedores de productos y tecnología. La deuda que arrastraban con ellos los hospitales de todo el país frisaba en septiembre, en conjunto, los 10.000 millones de euros, y las perspectivas de agilización en los pagos no se contemplan por parte de las administraciones autonómicas, lastradas por la raquítica recaudación de impuestos y la ralentización de la actividad.
En este contexto, comienzan a aflorar posibles soluciones financieras como la que ha analizado la patronal Farmaindustria, de forma aún incipiente, con algunos expertos, y de la que la patronal ha llegado ya a debatir extraoficialmente tanto con el Ministerio de Sanidad como con algunos consejeros autonómicos. Se trata de la llamada ‘titulación’ de la deuda. ¿Sería ésta la solución para los males de las compañías que operan en España, tanto nacionales como extranjeras? La cuestión está todavía en el aire, pero ha desatado estos días un torbellino de intercambio de opiniones entre los directivos de las diferentes empresas y de estos con sus empresas matrices, que temen una ‘atenización’ de España. ¿Correrían los inversores en busca de bonos acreditativos del capital que adeuda un determinado feudo a las compañías que trabajan con sus centros sanitarios? ¿Hay dinero en el mercado para esos productos cuando el grifo del crédito se encuentra cerrado y los propios bancos y cajas de ahorro se han topado con serias dificultades para financiarse a través de inversores privados, en su lucha por la necesaria recapitalización? ¿Constituyen las fallidas privatizaciones de loterías y de los aeropuertos de El Prat y Barajas una señal de la complejidad de tal operación y de su posible fracaso? ¿Tienen solvencia suficiente las comunidades para lanzarse a una operación de este tipo, después de la degradación del rating español realizada por agencias de calificación como Fitch o Standard & Poors? ¿Está alguien dispuesto a comprar estos títulos en el mercado? ¿Podrían soportar los laboratorios una quita equivalente a los altos intereses que habrían de pagarse a los compradores de los bonos? ¿Lo tolerarían sus matrices internacionales?
La dramática situación económica da pie a medidas revolucionarias, nunca antes vistas en la Sanidad, y aunque algunas comunidades han acogido de forma positiva una posible ‘titulación’ de la deuda con la industria, las espadas siguen en todo lo alto. Máxime, en un momento especialmente duro para los laboratorios, tras el nuevo escenario dibujado en agosto por el Banco Central Europeo y ejecutado por Salgado, y ante los problemas que sufren las marcas ante el avance imparable de los genéricos.
¿Qué compañías son contrarias a que Farmaindustria contrarreste la campaña del ministerio sobre el decreto de agosto con una campaña paralela en defensa de las marcas?
¿Qué motivos han llevado a la patronal a prácticamente congelar su inversión en Internet, pacientes y responsabilidad social, aunque se mantendrá operativa la red de asociaciones de pacientes?
¿Qué matrices de laboratorios que operan en España no quieren oír hablar del tema de la ‘titulación’ de la deuda por temor a que les ocurra lo que en Grecia?
¿Qué nombramiento de un declarado simpatizante del PSOE en la gerencia de un hospital manchego causó perplejidad en Génova?