¿Qué ex alto cargo de Osakidetza arrastra un mar de dudas tras su paso a la privada?
¿Qué patronal está estos días en el ojo del huracán y es el foco de muchas conversaciones?
¿Por qué se encuentra en esta situación?
¿Qué consejero del PP es uno de los grandes culpables de que la Comisión Europea sugiera la necesidad de nuevos ajustes en la Sanidad española?
¿Qué sindicato no ha gastado gran parte de los fondos que recibió de la Administración para formación continuada?
Poco a poco, el Ministerio de Sanidad empieza a meter en vereda a los versos sueltos u ovejas díscolas que de vez en cuando le salen en las autonomías. El último en entrar al redil de la razón y el sentido común es el consejero valenciano. Impulsado sin duda por el exclusivo ánimo de proporcionar algo de oxígeno a las depauperadas arcas de su comunidad, Manuel Llombart accedió poco menos que como un elefante en la cacharrería al cargo que ahora ostenta. Fruto de ello fue el diseño de los llamados ‘algoritmos’, un ‘palabro’ que, de forma eufemística, no encubre en realidad más que el intento de cercenar la libertad de prescripción de los médicos para que en las recetas aparezcan productos más baratos, supuestamente equivalentes desde el punto de vista terapéutico. Cómo sería la cosa, que hasta la depauperada Semergen de José Luis Llisterri y Rafael Micó, siempre tan genuflexa en Valencia, puso el grito en el cielo. Tarde, y a rebufo del resto de las sociedades de atención primaria, pero lo puso.
Es cierto que Llombart ha pasado por el aro porque el acuerdo financiero de su comunidad con el Ministerio de Hacienda le obliga a ello. Pero también lo es que en el haber del consejero figura un saber rectificar nada común entre los políticos. No hay que olvidar tampoco el papel jugado en la sombra por el ministerio, ya que hubiera sido a todas luces incoherente dar la bendición a un proyecto que ha suscitado las iras de todo el sector sanitario y perjudicaba a los pacientes de Valencia, y actuar jurídicamente al mismo tiempo contra Andalucía por unas subastas que son igual de aberrantes como concepto económico-sanitario. Si tan sabia ha sido la marcha atrás de Llombart, no puede decirse lo mismo de la obstinación y el empecinamiento de la Junta de Andalucía con sus fallidas subastas de medicamentos. Dispuesta siempre a dar la nota, a la consejería de Salud no le han dolido prendas a la hora de proseguir con el error en esta era post María Jesús Montero. Y el resultado ha sido tan fallido como se esperaba. Hartos de amenazas veladas, los laboratorios han dado la espalda a las autoridades andaluzas y el SAS ha adjudicado solo el 16 por ciento de lo que subastó: de las 740 adjudicaciones que se convocaron, solo se otorgaron 124. El resultado es que la Junta, la misma que regalaba a mansalva el dinero a los sindicatos a cambio de su apoyo sumiso, ahorrará solo 33 millones de euros. Una pizca de la mordida de UGT en las arcas públicas de la comunidad. Para más inri, solo cinco de las 12 compañías casi desconocidas adjudicatarias son españolas. A eso se le llama hacer patria. Obviamente, el Ministerio de Sanidad debe arremeter de nuevo jurídicamente contra esta iniciativa para lanzar a los cuatro vientos el mensaje de que la política farmacéutica emana de la autoridad central, y no de comunidades convertidas en reinos de taifas.
