La evolución de España hasta septiembre influirá mucho en la adopción de una segunda ronda de recortes estatales
¿Qué colegios de farmacéuticos alertaron al Ministerio de Sanidad de que una desfinanciación de productos podría producir un efecto contrario al buscado y elevar el precio de los fármacos equivalentes que existen en el mercado?
¿Además de venotónicos y antiinflamatorios tópicos, lágrimas, antidiarreicos, antitusivos, laxantes, antivirales y antimicóticos tópicos, qué otros productos cree Farmaindustria que deberían desfinanciarse? ¿Ahorraría Sanidad 400 millones de euros con esta exclusión o algo menos?
¿Qué laboratorios han sugerido al Ministerio de Sanidad su voluntad de participar voluntariamente en el nuevo sistema de precios seleccionados?
Cuentan los que le conocen bien que Cristóbal Montoro no las tiene aún todas consigo con respecto a la posibilidad de que España vaya a cumplir sin sobresaltos este año el duro objetivo de déficit pactado con Bruselas. Un objetivo crucial para frenar la presión de los mercados y reducir el sobrecoste que nuestro país está pagando por su deuda pública. Dicen algunos de estos allegados que, como buen ministro de Hacienda, Montoro recela de varios de los planes de ajuste prometidos por las comunidades, pese a los 18.349 millones de recortes adicionales acordados en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que teme que más de un dirigente autonómico caiga en la tentación, lógica por otra parte, de levantar el pie del acelerador durante los próximos meses, influidos por la presión política de su entorno y el comprensible miedo a perder el cargo. Por si fuera poco, la corrección al alza de los datos del pasado año de Valencia, Castilla y León y Madrid no han contribuido precisamente a despejar sus dudas.
Pero el ministro desconfía también del éxito total de los planes de ajuste trazados por algunos departamentos de la Administración central. Es el caso de Sanidad. Frente a la posición de Ana Mato, que es de los ministros que defendieron que ir más allá de lo aprobado hasta ahora hubiera supuesto traspasar una línea roja muy peligrosa para la imagen del Gobierno ante los ciudadanos, Montoro y otros compañeros de gabinete fueron partidarios de ir más allá en la primera andanada, con el fin de amarrar nuevos ingresos para el Estado y, de paso, tener encauzado el gasto sanitario durante un período mayor de tiempo. En esta tesitura, varios altos cargos gubernamentales creen que a España le va a costar este año sangre, sudor y lágrimas alcanzar la meta fijada, y están dispuestos a adoptar cualquier medida adicional que se necesite para lograrlo, salvo que la Comisión Europea, influida por los nuevos aires del presidente François Hollande, decida suavizar el objetivo en contra de las férreas tesis de Alemania. El resultado del debate, en el que están inmersas también varias escuelas de economistas, será determinante para saber si la Sanidad se quedará como está este año o sufrirá obligadamente una nueva vuelta de tuerca tras el verano. Vuelta de tuerca que afectaría a las retribuciones del personal, a las prestaciones a excluir de la financiación pública, y al medicamento, de nuevo.
La evolución que experimente España de aquí a septiembre influirá muy mucho en la adopción o no de una segunda ronda de recortes estatales que, contra el parecer de Mato, podrían ser impuestos esta vez por el área económica del Gobierno. La evolución del déficit autonómico, el dato que se arroje al respecto el primer semestre, y el tiempo que permanezca la prima de riesgo frisando los 500 puntos marcaran el ritmo de los acontecimientos y el futuro del sector. En medio de este debate económico, un sector del PP admite que el Gobierno está desaprovechando una oportunidad de oro para acometer las reformas estructurales que necesita la Sanidad. La idea está latente. De ahí a que se materialice sólo va un paso.
