Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El intento de salir indemne y sin erosión política alguna fue loable, pero al final, el Ministerio de Sanidad no va a tener más remedio que mojarse. La presión de las autonomías y, sobre todo, de Elena Salgado y de Moncloa, que ha transmitido personalmente a Trinidad Jiménez la orden de que también debe recortar gasto público, va a obligar a este departamento a hacer borrón y cuenta nueva, dejar a un lado las zarandajas y arrojar a la basura el denostado primer borrador de pacto por la sostenibilidad del sector. Como la revisión del envase de los fármacos, las imposibles compras centralizadas y la recomendación de congelar sueldos se antojan generalidades vacuas y, a todas luces, insuficientes, el ministerio va a verse ahora en la obligación de ir varios pasos más allá. En este nuevo contexto de búsqueda de ahorro y de recorte de déficit hay que enmarcar las reuniones cruzadas con representantes del sector que están desplegando estos días el secretario general, José Martínez Olmos, y el director general de Farmacia, Alfonso Jiménez. Ambos saben que el margen de partida con el que cuentan es pequeño: aunque más elevado de lo que pregona la propaganda oficial, el gasto farmacéutico deja a Sanidad una escasa libertad de movimientos a la hora de tocar más a laboratorios, distribuidores y farmacias, las primeras que han sufrido directamente las estrecheces económicas de las administraciones públicas.
Por eso, los lugartenientes de Jiménez buscan otras alternativas con las que saciar la voracidad recaudatoria del mastodóntico estado funcionarial que José Luis Rodríguez Zapatero va a legar a España, sin dejar tocado de muerte el sector. En una palabra, tendrán que alcanzar la cuadratura del círculo. Y ante la dificultad para alcanzar el objetivo, ambos han volcado su mirada de nuevo en Andalucía, el banco de pruebas del PSOE: la prescripción por principio activo vuelve al debate. Olmos y Jiménez no deben dejarse deslumbrar, sin embargo, por los fuegos de artificio. Además de una nueva injerencia en la labor de los médicos, que ya han perdido la batalla de la prescripción con la enfermería, la iniciativa arroja más sombras que luces años después de su puesta en marcha. De hecho, y tras un inicio muy exitoso a efectos del gasto, su efecto se ha disipado en el Servicio Andaluz de Salud (SNS) reduciendo aún más el margen de maniobra.
La experiencia indica que el ministerio debe ampliar sus miras y analizar campos inexplorados hasta ahora si lo que de verdad pretende es dejar indemne al sector. El gasto farmacéutico hospitalario es un buen ejemplo de ello, como también lo es el absentismo laboral del personal al servicio de las administraciones sanitarias. Atajar uno y otro con medidas pactadas y consensuadas representaría un soplo de aire fresco para las autonomías. También puede Sanidad potenciar las especialidades publicitarias sacando de la financiación los fármacos de prescripción de este tipo que subsisten en los centros de salud. La hiperfrecuentación en primaria y el número de recetas descenderían y ningún partido se rasgaría por ello las vestiduras. Como se ve, fórmulas existen. A Sanidad sólo le queda explorarlas.
Preguntas sin respuesta
¿Qué ex consejera autonómica odiada por los médicos participó en la estrategia sexual del Ministerio?
¿Qué alto cargo del ministerio pactó con un rival político una crítica pública antes de formularla?
¿Qué líder sindical cambió de chaqueta y amaga con quitar liberaciones a los que plantan cara a sus nuevos señoritos?
¿Qué ‘dircom’ de la industria farmacéutica patina en su estrategia y va a llevarse en abril una de las mayores sorpresas de su vida?
¿Qué organizaciones sanitarias críticas con el PP de Madrid suelen ser las agraciadas por las subvenciones que reparte Fernando Lamata?
