Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Las comunidades autónomas se han puesto a actuar por su cuenta y riesgo ante la evidente inacción del ministerio frente a la bancarrota que asola la sanidad española. Andalucía fue la primera autonomía en mover ficha, al dotarse de una norma que le permitirá establecer la financiación selectiva de los fármacos hospitalarios. Aragón, también del PSOE, siguió su estela, y dentro de poco podrá excluir indicaciones o fármacos enteros de su catálogo de especializada, en lo que podría considerarse como un ‘medicamentazo’ específico. La última en encaminarse por esta senda ha sido Madrid. En línea con las ideas propuestas por el consejero Juan José Güemes en el Foro Nueva Economía, la Consejería de Sanidad madrileña ha decidido nutrir a los médicos de “información objetiva e independiente” sobre los fármacos, especificándoles cuáles son los más baratos en cada indicación. Como se ve, las palabras del titular sanitario madrileño no eran un brindis al sol ni una proclama de cara a la galería para quedar bien ante un escenario abarrotado de agentes del sector.
Aunque puedan parecer aisladas e independientes entre sí, la actuación de estas tres comunidades autónomas tiene conexión: la angustia financiera que soportan sus arcas. Una angustia que se redoblará aún más en 2010, si cabe, ante los negros nubarrones que se ciernen sobre la economía española, incapaz de levantar el rumbo por mor de unas políticas erráticas, improvisadas y cortoplacistas. Es previsible por ello que nuevos territorios se sumen pronto a este baile de legislaciones periféricas contrarrestadoras del gasto y se pongan a actuar. Algunos decidieron esperar al cacareado Pacto por la Sanidad que con tanto alarde viene anunciando el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el conocimiento del contenido del mismo ha supuesto un jarro de agua fría para sus expectativas porque, lejos de mojarse en la adopción uniforme en todo el Sistema Nacional de Salud de iniciativas impulsoras de ahorro y de racionalización del gasto, el documento no acumula más que generalidades, propuestas vacuas y frases retóricas y grandilocuentes, que consolidan lo que ya hay pero que no ponen freno a la insostenibilidad del sistema.
El enfado de las autonomías con respecto a la pasividad del Ministerio de Sanidad a la hora de afrontar este problema no es monopolio exclusivo del Partido Popular. Pocas comunidades socialistas, por no decir ninguna, se creen ya el pacto. Otra cosa es que lo acaten por decisión del partido, pero el hecho de que algunas se hayan animado a legislar por su cuenta, sin esperar a las directrices de Madrid, evidencia que la confianza en el equipo de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, para arreglar el desaguisado es mínima. Uno de los feudos más quejosos con la actuación ministerial y con el primer contenido conocido del Pacto por la Sanidad —vaya eufemismo— es Cataluña. Su consejera de Salud, Marina Geli, arrastra los mismos problemas a la hora de afrontar el pago de las facturas que Güemes en Madrid, por lo que no de extrañar que bramara al conocer el texto que le remitió el ministerio.
Preguntas sin respuesta
¿Qué miembro de una patronal llamó a los funcionarios de una consejería y pidió explicaciones por una norma que perjudica a sus asociados?
¿Cómo pudo el ministerio cometer el feo de no enviar a ningún representante a la cena de aniversario de la patronal de los medicamentos sin receta? ¿Considera Sanidad que estos productos no atajan el gasto?
¿Qué multinacional mantiene una importante división sobre la relación que mantiene Farmaindustria con el Gobierno, y cuenta con un sector que aboga por incumplir las directrices emanadas de la patronal?
¿A qué preboste del sector asegurador con problemas en Sevilla ha operado recientemente el jefe del Servicio de Urología de un conocido hospital madrileño?
