Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El sistema sanitario se descompone por momentos, en medio de la insólita conformidad de las autonomías con un decreto que no hace más que consolidar la agonía financiera que padecen. Los signos son estremecedores y afloran día tras día en todo el territorio español. El más grave de ellos, posiblemente, es el de la deuda acumulada por las empresas de productos y tecnología sanitaria agrupadas en torno a Fenin. En total, el Sistema Nacional de Salud (SNS) les adeudaba a finales del pasado mes de marzo la friolera de 3.000 millones de euros, y la demora media en los pagos superaba los 280 días, 14 más que en el mes de diciembre. El estado de shock económico afecta prácticamente a todos los servicios de salud, pero tres se llevan especialmente la palma, dejando en evidencia el estado de semicolapso de sus arcas públicas: Andalucía, que acapara más del 24 por ciento del débito con facturas por un importe, ahí es nada, de más de 726 millones de euros; Cantabria, que tarda en pagar a sus proveedores la escandalosa cifra de 675 días; y Murcia, que se demora 617 días en cumplir sus obligaciones. Los 3.000 millones de deuda global constituyen un mazazo que condena a la muerte a las empresas e impulsa su deslocalización, y que hipoteca las cuentas futuras de las administraciones, pues la Justicia termina castigando siempre con intereses gigantes la tardanza en los pagos públicos. Una tragedia no precisamente griega, en el sentido literal de la palabra.
Los otros signos de una descomposición motivada por la crisis a los que nadie pone freno se aprecian en diferentes parcelas de la gestión diaria de algunas autonomías. Y no sólo por la insólita decisión generalizada de congelar salarios y sustituciones de profesionales sanitarios. Castilla-La Mancha, por ejemplo. Su consejero de Sanidad, Fernando Lamata, acaba de desatar la polémica para rascar unos euros al decidir ‘cercar’ a los médicos por prescribir las marcas de algunos de los productos más consumidos, como la atorvastatina, ignorando posiblemente el hecho de que si dichos fármacos están en el mercado es porque han sido autorizados por una Administración competente llamada Ministerio de Sanidad. Se espera que la OMC, tan amiga de las autoridades sanitarias pasadas y presentes de esta comunidad, ponga el grito en el cielo y salga en defensa de los colegas a los que representa.
Mientras, Navarra sigue devanándose los sesos para limpiar con calderilla las telas de araña de sus arcas públicas. Su consejera de Salud, María Kutz, denostada por los sindicatos en medio de su endeble Gobierno, redacta ahora un Código de Buen Gobierno del Servicio Navarro de Salud para que los gestores cumplan con el deber de “austeridad”. Eufemismo que encubre, en realidad, el intento de meter la tijera en el gato público bajo el paraguas de la ética y la racionalidad. En Baleares, Vicenç Thomás, sufre en sus carnes el acoso sindical por las presuntas desviaciones de fondos en la construcción de centros como Son Espases. Como se ve, la necesidad de recortes draconianos y de cortar el despilfarro están poniendo a los gestores sanitarios en la cuerda floja.
Preguntas sin respuesta
¿Qué conocida patronal se ha planteado la posibilidad de cambiar la sede que tiene alquilada por otra más modesta, con el fin de dar imagen de ‘austeridad’?
¿Quién es el que manda realmente en el Foro de la Profesión Médica?
¿Qué gerente afín al PSOE estuvo reunido con varios colegas junto con el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, el pasado 20 abril?
¿Qué corporación profesional no es capaz de acreditar la tirada real de su revista y no hace más que perder ingresos económicos, ante el rechazo de los anunciantes a financiarla?
