Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El PSOE le ha tendido una trampa colosal al Gobierno de la Comunidad de Madrid en el área sanitaria. Mientras el bueno de Tomás Gómez agita a organizaciones vecinales, alcaldes y sindicatos afines, y pseudoorganizaciones del sector en contra de Esperanza Aguirre y Juan José Güemes, denunciando de forma propagandística lo que consideran una “nefasta gestión” y una “privatización encubierta”, el Gobierno del Estado, también socialista, le hurta a la comunidad todos los euros que puede en una política de asfixia presupuestaria de resultados imprevisibles en el orden social. En total, la deuda que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tiene contraída por múltiples conceptos con Madrid supera los 9.000 millones de euros. De ellos, aproximadamente 729 tendrían que estar destinados a la sanidad autonómica, un dinero que no podrá ser empleado, por ejemplo, en la contratación de más profesionales sanitarios, en inversiones nuevas o de reforma de centros de salud y hospitales, o en la inclusión de nuevas prestaciones.
La cantidad con la que no podrá contar Madrid para mejorar su sanidad procede de varios conceptos. A los anticipos a cuenta de tesorería que el Ejecutivo se comprometió a sufragar a la comunidad en la primera Conferencia de Presidentes de esta legislatura, y que el Ministerio de Economía de Pedro Solbes no ha tenido a bien ahora sufragar alegando la dificultad de la coyuntura económica y a la merma de la recaudación impositiva, le corresponden 418. El resto responde a la negativa de este mismo departamento a pagar los servicios prestados por las entidades colaboradoras, una modalidad sui géneris de asistencia a funcionarios de algunas administraciones y empleados de grandes empresas que en el pasado se movieron en la órbita del Estado. El asunto no es baladí. El Gobierno ha hecho oídos sordos a una sentencia que ya en 2005 le condenaba a sufragar 143 millones por tal concepto, y se ha negado a retribuir también los servicios de estas compañías durante el periodo 2004-2008, cuyo importe asciende a 168 millones, de acuerdo con las estadísticas oficiales.
Con todo, lo peor no es esta deuda asistencial, sino la sobresaturación de enfermos a la que se va a enfrentar la comunidad a partir de 2009. En total, se estima que alrededor de 200.000 personas y sus familiares más directos tendrán que acudir a partir de enero a un centro público a recibir atención médica, al desaparecer de golpe, sin periodo transitorio o de gracia, dichas entidades colaboradoras. Se trata, en definitiva, de una nueva prueba para un sistema ya de por sí resentido por la afluencia de pacientes desplazados de otras regiones y por la llegada de inmigrantes con o sin tarjeta sanitaria. Y una trampa, en resumidas cuentas, para las autoridades del PP en la comunidad, que tendrán que contemplar extasiadas la algarada montada por Gómez y sus satélites sanitarios, mientras el partido de este último estrangula presupuestariamente las arcas de la comunidad en una acción interesada que desdeña las necesidades de profesionales y pacientes.
